Fondos de pensiones y desarrollo
Eduardo García Michel
En el entorno de una Europa convulsa, sacudida por las perturbaciones políticas y sociales, batida por el fermento doctrinario que cuestionaba la viabilidad del capitalismo, Otto Von Bismarck creó en Alemania, en1881, el fondo común público que se responsabilizaría de otorgar pensiones a los trabajadores bajo un régimen de reparto.
Otros países se aunaron al esfuerzo de lo que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una conquista universal, con modalidades variadas. En 1947 surgió la Caja Dominicana de Seguros Sociales, transformada en 1962 en el IDSS.
Los regímenes de reparto tendieron a ser deficitarios. Algunos terminaron en quiebra. Como consecuencia surgieron alternativas. Por ejemplo, las cuentas de capitalización individual, establecidas en Chile en 1980, y en nuestro país en el 2001 al amparo de la ley 87 que creó el sistema de seguridad social (salud y previsional).
En esencia, consisten en que cada trabajador, su empleador, y cuando proceda, el Estado, hacen aportes mensuales a una cuenta propiedad del cotizante, a serle reembolsada por la institución administradora solo en el momento de su retiro, junto con el producto de su rendimiento financiero, según las condiciones estipuladas.
Desde un principio se supo que las cotizaciones instituidas serían insuficientes para cubrir las necesidades del trabajador en su etapa pasiva. Se optó por establecer lo que era posible, bajo el entendido de que, en un futuro, que ya luce cercano, sus parámetros serían reformulados.
Las expectativas se centraron en la evolución del fondo patrimonial. Se pensó en un círculo virtuoso: el ahorro forzoso acumulado de los trabajadores, ampliado por los aportes de los empleadores, serviría de base para financiar nuevas actividades productivas, inducir mayores empleos formales y salarios más altos.
Las cifras de SIPEN, a diciembre de 2023, muestran que los fondos de capitalización individual han dado lugar a colocaciones por un monto de RD$963,785 millones, alrededor del 14% del PIB. Por lo tanto, han cumplido con el cometido de acumular recursos de monto creciente, en espiral, y de gran estabilidad (la vida activa de cada trabajador). El patrimonio de los fondos a esa fecha era de RD$1,213,344 millones, cerca del 17.8% del PIB.
De acuerdo con informaciones de Sipen, en 2010 el 55.5% de las inversiones de los fondos de pensiones se dirigió a la adquisición de títulos públicos (39.3% emitidos por el Banco Central, 10.2% por el Ministerio de Hacienda y 6.0% por el BNV); otro 39.3% se colocó en el mercado de intermediación financiera; y el 5.2% restante en bonos de empresas.
En 2023 el Estado pasó a captar el 72.81% de estos fondos (El Ministerio de Hacienda acaparó el 56.41% de las colocaciones. Le siguió el BC con el 16.4%). Los entes privados y empresariales recibieron una parte más pequeña del pastel, distribuido entre fondos de inversiones (10.8%), instituciones financieras (6.6%), acciones (3.88%), depósitos (3.41%), bonos empresariales y otros (2.5%).
Como puede observarse, las colocaciones de los fondos de pensiones se han dirigido, sobre todo, a tapar los huecos financieros de la hacienda pública y del Banco Central. Y por esa vía, han servido de colchón para sustentar la posposición de reformas económicas, fiscales y cuasi fiscales.
La culpa no ha sido del sistema de pensiones: cuando el regulador se convierte en usuario surgen conflictos de intereses que distorsionan el funcionamiento de las instituciones. En adición, muchas de las empresas siguen siendo familiares, lo cual condiciona su acceso al mercado de capitales.
Lo anterior no es óbice para reconocer que en los últimos tiempos se ha ido produciendo cierta diversificación en los emisores de títulos, que podría indicar un cambio de tendencia.
En otros países los fondos de pensiones son vitales en el financiamiento del déficit del sector público, al tiempo que cumplen un papel relevante en la movilización de recursos hacia la inversión productiva y la creación de empleos.
En nuestro caso, para lograr el mayor impacto habría que atenuar el conflicto institucional, crear condiciones que favorezcan umbrales más elevados de transparencia de las operaciones económicas, reajustar el modelo de crecimiento económico para darle mayor énfasis al desarrollo.
Eso significa, entre otras cosas, cimentar la estabilidad sobre bases más saneadas, simplificar el régimen tributario, priorizar la producción de bienes y servicios, impulsar la integración masiva de mano de obra dominicana al mercado laboral, profundizar los enlaces sectoriales para expandir el valor agregado nacional, orientar la economía hacia las exportaciones, contener el consumo compulsivo.
Y que todas las políticas naveguen en la misma dirección.
Diario Libre
