Fondos electorales complejos: La entrega pendiente que desafía la Ley de Presupuesto
Santo Domingo, 8 de abril – Los partidos políticos dominicanos están en vísperas de recibir los fondos que completarán el 0.5% de los ingresos fiscales de este año, destinados a financiar sus operaciones y actividades. Este desembolso, estipulado en la Ley 20-23 de Régimen Electoral, ha generado un complejo escenario legal y financiero, dada su inhabilitación temporal por la Ley de Presupuesto General del Estado.
El anuncio sobre la entrega de estos fondos fue realizado por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, señalando que, aunque estaba programado para realizarse el pasado viernes, tuvo que ser postergado. El «mecanismo» legal empleado por el gobierno para facilitar este desembolso implica primero entregar los fondos a la JCE, destinados para sus gastos administrativos y operativos, para luego ser transferidos a los partidos políticos.
Hasta la fecha, los partidos han recibido RD$2,520 millones, 800 mil pesos. Con el completivo, esta suma se duplicará, distribuyéndose el 80% de manera equitativa entre los principales partidos políticos del país (PRM, PLD, FP, y PRD), reconocidos por haber obtenido más del 5% de los votos en las últimas elecciones.
La asignación de fondos a partidos políticos tiene sus raíces en la Ley 275-97 de Régimen Electoral, una normativa que, aunque ya derogada, instauró la práctica de entregar un porcentaje de los ingresos fiscales a estas organizaciones. Con el crecimiento económico del país, estas sumas se han convertido en montos significativos, utilizados para cubrir gastos operativos y campañas electorales.
Sin embargo, por un descuido legislativo, esta asignación de fondos no fue incluida en la Ley Electoral 15-19, aunque la Ley de Presupuesto continuó asignando recursos a los partidos políticos. Durante la discusión del presupuesto estatal de 2021, el presidente Luis Abinader sugirió reducir estos fondos a la mitad, debido a las dificultades económicas provocadas por la pandemia de COVID-19, pero finalmente se mantuvo el monto habitual.
La reciente Ley Electoral 20-23 reinstauró formalmente la entrega de fondos, contando con el apoyo de la mayoría de los actores políticos, quienes ven en esta medida una protección al sistema de partidos, fundamental para la democracia. No obstante, se han levantado voces críticas que, mientras apoyan el sistema, abogan por una reforma que permita una distribución más equitativa de los recursos, especialmente entre las organizaciones políticas emergentes.
Este llamado a la reforma subraya la necesidad de competir en igualdad de condiciones, frente a un sistema que, según algunos, favorece al oficialismo a través de mecanismos de promoción indirecta. La JCE, mostrando su compromiso con la imparcialidad, soliocitó en dos ocasiones al Gobierno los fondos necesarios para cumplir con lo estipulado por ley, enfatizando la importancia de estos recursos para el financiamiento de las actividades electorales de los partidos.
