Fondos manejados por el PNUD en acuerdos con el Estado no son auditables por órganos de control del sector público, dice Carlos Pimentel

Santo Domingo, 8 Feb – El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró ayer que la modalidad de contratar delegando las funciones a terceros no está prevista en la Ley 340-06 y por tanto, esta práctica es ilegal.

Al ser entrevistado ayer y preguntado sobre los recursos que ha recibido el PNUD del Estado para acompañamiento en procesos de transparencia sin esto pasar los órganos de control y fiscalización, el funcionario sostuvo que cuando asumió su función en la Dirección de Compras y Contrataciones envió una primera circular a todas las instituciones públicas que son sujetas a las Ley 340-06, advirtiendo en ella que la delegación de funciones era ilegal y no estaba contemplada en la legislación.

“Cuando nosotros asumimos nuestra función en la Dirección de Compras y Contrataciones el 17 de agosto de 2020, esa fue la primera circular que nosotros firmamos, enviándole a todas las instituciones del Estado que son sujetas a la aplicación de la Ley 340, donde establecemos que la delegación de funciones para las contrataciones públicas no estaban previstas en nuestra legislación y por tanto, era ilegal. Y no está prevista la delegación de funciones en nuestra ley por varias razones”, dijo en el programa Despierta con CDN, que se transmite por CDN, canal 37.

Pimentel explicó que la delegación de funciones no está prevista en la ley por varias razones y que al día de hoy, es muy difícil establecer un histórico de qué ha contratado el Estado dominicano a través de esa modalidad, razón por la cual en el anteproyecto de ley con el que pretende modificar la Ley 340, que se introducirá en el Congreso Nacional en los próximos días, se estipula “de manera muy clara” la prohibición de la denominada “delegación de funciones”.

Órganos control no pueden auditarlo

Refiriéndose al caso puntual del PNUD, tras preguntársele sobre quién puede auditar en el país a ese organismo y a otros que quieran contratar con el Estado dominicano, Carlos Pimentel reveló que no es auditado por los órganos de control, tales como la Contraloría, la Cámara de Cuentas ni por el Congreso en su rol de fiscalización.

“Tendrán su mecanismo de auditoría, de contratar empresas privadas u otros que desconozco, pero lo que sí debemos atender y por eso, desde el principio, estuvimos opuestos a ese mecanismo de delegación de funciones que se instauró en el país desde hace más de ocho años, y que nosotros hemos sido enfáticos: no es posible delegar funciones de contratación y mucho menos, pues, excluirlos de nuestros procedimientos administrativos financieros y de control”, precisó.

Argumentó que si esa modalidad estuviera prevista para contratar ese tipo servicio, estaría sujeta a los principios de contrataciones, transparencia, publicidad, participación y competencia.

“Pero además, la adquisiciones que se realizaban a través del PNUD, no cruzan por los sistemas administrativos financieros del Estado dominicano, lo que quiere decir que funcionan a través de transferencias y los órganos de control no tienen ningún tipo de competencia de fiscalización y seguimiento, pero además, la información disponible alrededor de esas contrataciones son muy escasas”, señaló.

Transparencia del PNUD cuestionada

Los más de 237 millones de dólares que el Estado dominicano transfirió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para acompañarlo en procesos de transparencia en la gestión y desarrollo, solo en el año 2020, no estarían transparentados para el público y supondrían una violación de orden constitucional debido a que el organismo internacional asumiría funciones que le corresponden a entidades legalmente constituidas para tales fines, consideran especialistas en el área.

Otra de las cuestionantes de los contratos que han firmado diversas instituciones gubernamentales, es el hecho de que los procesos llevados por el PNUD no están regulados por la ley de compras y contrataciones.

En el año 2020, de acuerdo a Naciones Unida, República Dominicana fue el país que más le transfirió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 237 millones 672 mil 038 dólares que son aproximadamente 13 mil millones de pesos.

En segundo lugar se ubicó la República de Argentina con 176 millones de dólares.

PNUD utiliza sistema distinto de contratación

El director general de Compras y Contrataciones indicó que el PNUD utiliza un sistema de contratación distinto al del Estado dominicano porque se hacen sobre la base de las disposiciones normativas de ese organismo y no sobre la base de las disposiciones claramente establecidas en la ley dominicana y en su reglamento de aplicación. “Lo que quiere decir que no se utiliza nuestro registro de proveedores. Eso quiere decir que no se utilizan las modalidades de contrataciones que están establecidas en nuestras normativas y se utilizan otras disposiciones que están establecidas en el marco de lo que ha establecido ese órgano internacional, pero no cruza, ni es regulado por las normativas del Estado dominicano y por eso hemos sido enfáticos desde el primer momento de que la delegación de contratar está prohibida”, puntualizó. En tal sentido, señaló que por eso, la ley establece lo que es la centralización de las políticas y las normas, que es responsabilidad de la Dirección de Compras y Contrataciones y la descentralización operativa, que es la responsabilidad de las unidades de compras. En el mismo programa, el senador por la provincia Elías Piña, Iván Lorenzo, puntualizó que de la única manera en que el Senado puede fiscalizar es con papeles.