Formalización laboral y rechazo a plan de regularización
Ramón Núñez Ramírez
Los quince puntos planteados por el presidente Abinader para detener la invasión migratoria de los haitianos son insuficientes para cumplir su propósito si no se aborda el elemento medular que es la demanda de mano de obra por parte de varios sectores económicos del país, y bajo ningún concepto la solución puede ser un nuevo plan de regularización como han propuesto ciertos lideres empresariales.
El proceso de regularización de 2014 (Ley 169-14), una salida a las presiones externas ante la sentencia histórica del Tribunal Constitucional, 168-13, fue un fracaso costoso ya que los indocumentados no acudieron en la medida de las expectativas y la mayoría carecía de la documentación probatoria de su estadía en el país.
En las actuales circunstancias, con un Haití dominado por las bandas armadas y con la fuerza pacificadora encabezada por los militares de Kenia a punto de abandonarla, implicaría suspender las deportaciones, legalizar el estatus de los actuales y estimular mayores oleadas de inmigrantes.
En lo que se define una salida dentro del marco de la Ley de Migración (285-04) a la necesidad de esa mano de obra en la construcción y la agropecuaria, se incumple el Art. 102, el cual establece que todo empleador de extranjeros debe verificar su permanencia legal en el país mediante la presentación de ciertos documentos, y el Art. 104 contempla que el empresario contratante de obreros en situación de ilegalidad deberá cubrir los gastos de deportación. Letra muerta desde la promulgación de la ley.
La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) están en la disposición de acordar con las autoridades un proceso de otorgamiento de visados temporales dentro de nuestro territorio, o en su defecto permisos para trabajadores temporeros amparados en un carnet emitido por la empresa.
Si el objetivo es organizar el mercado laboral para que solo estén en nuestro territorio los amparados por ese carnet, esa labor debe ser en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Migración, de forma que cuando culmine el proyecto o la tarea agrícola, el empresario informe a las autoridades para proceder a la repatriación del trabajador a menos que logre nueva colocación bajo las mismas premisas.
Ese plan de formalización de la mano de obra mínima necesaria a esos sectores sería más eficiente si la Dirección de Migración captura los datos biométricos de los temporeros y los deportados.
Un país organizado con una población de extranjeros ilegales, que podría rondar el 15-20% de los dominicanos, careciendo de esos controles, fomenta la impunidad de los criminales que huyen a su país y retornan después para colocarse en otra comunidad o el ingreso de miembros de las bandas terroristas.
Es posible una solución que garantice la cantidad de obreros mínimos para mantener la operatividad de la construcción privada, la agricultura y otros sectores y los que no cuenten con un carnet de trabajo temporero deberán ser deportados, por supuesto capturando sus datos biométricos.
En la medida que se formalice la demanda de mano de obra haitiana, junto a los quince puntos y otros que surjan del dialogo en el CES, estaríamos en la vía de preservar nuestra nacionalidad, costumbres, demografía, estabilidad social y progreso, y otro plan de regularización viola la Ley de Migración y los objetivos de salvar el país de la barbarie y la violencia de Haití.
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