Fraude y corrupción en Cooperativa Coop-Herrera: un sistema delictivo al descubierto
Santo Domingo, 9 octubre – Las investigaciones realizadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM) han revelado un extenso esquema de fraude y corrupción dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC (Coop-Herrera).
Esta estructura delictiva, según el Ministerio Público, se creó para aparentar un crecimiento y solidez inexistentes en la cooperativa, engañando a sus socios y realizando compras de lujo con los fondos sustraídos, que superan los 2,500 millones de pesos.
La operación, conocida como «Operación Búho», ha llevado al arresto de siete personas, incluyendo a los principales ejecutivos de la cooperativa. El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción contra los detenidos, que incluyen a Jorge Eligio Méndez (exadministrador general), Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya. La solicitud será evaluada próximamente.
El esquema delictivo se basó en crear una estructura interna que respondía directamente al presidente de la cooperativa, quien posteriormente se convirtió en administrador general. Esta estructura incluía la colocación de familiares y personas de confianza en posiciones clave, como el consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoría y otras áreas administrativas, lo que le permitía al líder de la cooperativa manejar los fondos de los socios como si fueran propios.
De acuerdo a una nota de Diario Libre, en 2018, se realizó una reestructuración de la organización administrativa de Coop-Herrera, otorgando al administrador general la máxima autoridad. A partir de entonces, la cooperativa mostró un crecimiento aparente en sus activos, presentando incrementos inusuales en relación con su historial anterior. Sin embargo, según la investigación, esta expansión era falsa y se utilizaba para atraer más capitales y aumentar la cartera de socios.
Se identificó una asociación de malhechores entre los imputados Méndez Pérez y Santana Borsilea. A este último se le aprobaban préstamos sin justificación, incluso después de que los directivos del Comité de Crédito se negaran a aprobar un préstamo para él. Santana Borsilea recibía préstamos a título personal y comercial, respaldados por documentos falsificados, como certificados de títulos de propiedad de terrenos inexistentes, según el ministerio Público.
El Ministerio Público también descubrió que se habían falsificado certificados de depósitos a plazo fijo para simular una liquidez que no existía. Además, se aceptaban cheques sin fondos y se mantenía constantemente el saldo en caja y bóveda, independientemente de la disponibilidad real de dinero en efectivo.
Se identificaron 119 personas físicas y jurídicas vinculadas a Santana Borsilea, utilizadas para simular préstamos y crear aportaciones y certificados a plazos falsos que generaban intereses retirados por la estructura criminal.
Los bienes adquiridos con los fondos sustraídos se destinaron a lujosas propiedades, vehículos de alta gama, yates, apartamentos, terrenos y más. Estos bienes eran registrados a nombre de empresas y terceras personas relacionadas con los miembros de la red criminal, lo que dificultaba su rastreo.
Para blanquear los capitales y bienes adquiridos, la estructura criminal diversificó sus actividades económicas, adquiriendo programas de radio, agencias de viajes y negociando la compra de acciones en bancos múltiples.
El Ministerio Público ha solicitado declarar el caso como complejo y una pena de 18 meses de prisión preventiva para los imputados.
