Fusión de ministerios en República Dominicana genera incertidumbre entre empleados públicos
Santo Domingo, 21 de mayo de 2025. Nueve meses después del anuncio del presidente Luis Abinader sobre una amplia reestructuración del aparato estatal —incluyendo la fusión de ministerios, absorción de direcciones y eliminación de varias entidades—, la incertidumbre reina entre los empleados públicos afectados por estas decisiones.
Pese a las intenciones de hacer más eficiente el gasto público y reorganizar el Estado, el proceso ha avanzado sin brindar claridad a quienes laboran en estas dependencias.
Durante una edición de LA Semanal en agosto de 2024, Abinader explicó que la iniciativa tenía como objetivo optimizar el funcionamiento del gobierno, reducir redundancias y asegurar una mayor eficiencia administrativa. Sin embargo, empleados de diversas instituciones han expresado preocupación por la falta de comunicación oficial sobre su futuro laboral.
“Es lógico que haya preocupación. ¿Qué es lo que se elimina exactamente? Al final, estas fusiones parecen una eliminación camuflada”, comentó un trabajador, quien prefirió mantener el anonimato.
Según su testimonio, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha gestionado el proceso sin emitir comunicados internos ni acercarse directamente a los empleados para explicar el rumbo de la reestructuración.
Muchos trabajadores llevan años de servicio en instituciones que ahora enfrentan su desaparición o absorción por otras entidades. El sentimiento predominante es de desconcierto, ya que no han recibido instrucciones claras ni garantías sobre la estabilidad de sus puestos. “Todo lo que sabemos es por los medios de comunicación. Aquí nadie ha venido a explicarnos nada”, agregó otro empleado afectado.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, ha defendido la medida afirmando que busca eliminar duplicidades funcionales dentro del Estado dominicano.
En una entrevista con el Desayuno del Listín Diario, Freund afirmó que “tenemos que eficientizar el Estado obligatoriamente”, resaltando que un aparato gubernamental tan extenso muchas veces se vuelve lento y poco funcional. Para él, la reducción de estructuras superpuestas permitirá una gestión más ágil y enfocada en resultados.
Según lo planteado por el presidente en LA Semanal del 19 de noviembre de 2024, las principales transformaciones incluyen la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el Ministerio de Educación (Minerd), con el objetivo de fortalecer el sistema educativo y modernizar la política educativa.
También se anunció la unificación de los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en un nuevo Ministerio de Economía y Hacienda, buscando mejorar la coordinación financiera y la planificación estatal. El Ministerio Administrativo de la Presidencia será absorbido por la Presidencia de la República para centralizar y agilizar funciones clave como recursos humanos, finanzas y comunicación.
Además, otras entidades serán reestructuradas. El Instituto Agrario Dominicano (IAD) será absorbido por el Ministerio de Agricultura. La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) se integrará al programa Supérate.
La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial se transferirá al Ministerio de la Vivienda (MIVED). Los Comedores Económicos se unirán al Plan Presidencial Contra la Pobreza. La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos y el Acuario Nacional crearán conjuntamente el Instituto Oceanográfico.
El Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria se integrará al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria. Y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (Fondearte) será absorbida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Las reacciones no se han hecho esperar. Héctor Rodríguez Pimentel, dirigente político, criticó la decisión de fundir el IAD con el Ministerio de Agricultura. Según explicó en el programa “El Gobierno de la Tarde”, el IAD no solo cumple funciones agrarias, sino que también es clave para el desarrollo rural, el acceso a tierras para campesinos y la aplicación de leyes agrarias. “Son funciones completamente distintas. El IAD fue creado para promover la justicia social en el campo”, afirmó.
La preocupación también alcanza a los propios empleados del IAD. Uno de ellos expresó que muchos parceleros podrían perder las tierras que han trabajado durante años, al desaparecer la entidad que históricamente ha velado por sus derechos. “Si el IAD desaparece, ¿quién garantizará que los campesinos mantengan sus parcelas?”, cuestionó con inquietud.
A medida que avanzan los meses sin una implementación clara ni un plan de comunicación efectivo, el clima dentro del sector público es de tensión. Aunque las reformas prometen mejorar la eficiencia estatal, los empleados temen quedar desamparados en medio de un proceso que, hasta ahora, ha carecido de transparencia y humanidad.
El Gobierno ha reiterado que las medidas buscan fortalecer el servicio público y mejorar la calidad del gasto, pero sin una estrategia clara de transición laboral, la incertidumbre amenaza con eclipsar los beneficios de la transformación.
