Fuertes medidas migratorias impactan mayormente a los haitianos
Santo Domingo, Sep 28 – Las decisiones anunciadas anoche por el gobierno despues de una reunión del Consejo Nacional de Migración afectan mayormemnte la migración haitiana, sobre todo la advierte a las empresas y empleadores que deben cumplir con la norma que establece que el 80% de su personal tiene que ser de origen nacional y un 20 % de origen extranjero, además de prohibir el ingreso irregular al país de mujeres embarazadas.
El Consejo sesionó en el Palacio Nacional encabezado por el Presidente Luis Abinader y el anuncio de las decisiones tomadas fue hecho en una rueda de prensa en el Palacio Nacional por el Ministro de Interior y Policía, Jesus-Chú-Vásquez, acompañado de otros miembros del organismo.
La presencia de trabajadores haitianos es notablemente superior a la de domimicanos en la industria azucarera, de la construcción y en las labores agríocolas y en los últimos años ha tomado auge la contratación de extranjeros provenientes del vecino país en el sector turístico y como serenos o seguridad en edificios residenciales. También,. en los últimos años el país ha recibido un número importante de migrantes venezolanos y centroamericanos, aunque en estas nacionalidades no se observa el alto porcentaje de indocumentados que prevalece entre los haitianos.
Al menos 4,073 haitianas embarazadas entraron en República Dominicana en 2020, a pesar de que la frontera estuvo oficialmente cerrada nueve meses por la pandemia, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Más de cinco mil millones de pesos invierte el Gobierno anualmente en atenciones a embarazadas haitianas, muchas traídas por mafias para que alumbren en hospitales del país, de acuerdo a estadísticas manejadas en el sector salud.
En la rueda de prensa se resaltó que las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Migración se aprobaron a unanimidad
Cuáles son las acciones:
Se dispone de un plazo de tres (3) meses para que las empresas o empleadores regulen a sus trabajadores extranjeros, en cumplimiento de la Ley No. 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11.
Una vez vencido el plazo límite anteriormente descrito, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de ciudadanos extranjeros, deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales establecidos en la normativa migratoria y laboral de la República Dominicana. Para ello deben cumplir con el procedimiento y los requisitos establecidos a tales fines en la Ley y el Reglamento mencionados anteriormente.
Asimismo, una vez vencido el plazo de desmonte, se debe ejecutar el régimen de sanciones aplicables a empresas y empleadores, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de Migración, que impone sanciones de multas de cinco (5) a treinta (30) salarios mínimos a quienes contraten o proporcionen trabajo a ciudadanos extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el país.
El Ministerio de Interior y Policía es el que coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo de este último, la vigilancia y el cumplimiento de los artículos del 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, los cuales establecen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o empleador.
El Estado dominicano tomará todas las medidas necesarias, en cumplimiento de la Ley, para evitar el ingreso a la República Dominicana de todo ciudadano o ciudadana de nacionalidad extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses.
También se destacó que el Ministerio de Interior y Policía tiene la misión de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración y aplicar la política migratoria del Estado dominicano como organismo que ostenta la presidencia del Consejo Nacional de Migración.
“Entendemos que un tema tan descuidado por muchos años requiere de un gran esfuerzo de consenso entre los actores públicos y privados para lograr que los usos y costumbres cumplan con las obligaciones y límites que impone nuestro ordenamiento jurídico en materia migratoria”, expresó Vásquez.
Concluyó diciendo que el Gobierno tiene el compromiso de cambiar esta situación, porque no es posible continuar con una práctica que pone en riesgo las posibilidades de un verdadero desarrollo para todo el pueblo dominicano.
En la rueda estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa; de Salud, Daniel Rivera; de Obras Públicas, Deligne Ascensión; la directora de Control Migratorio, Lianny Vásquez, y el senador de La Altagracia, Virgilio Cedano Cedano, entre otros.
