Gobierno dominicano niega autorización de permisos laborales a migrantes irregulares y convoca diálogo nacional
Santo Domingo, 24 de junio de 2025 – El Gobierno dominicano aseguró este lunes que no ha autorizado la entrega de permisos de trabajo a personas en situación migratoria irregular, y subrayó que toda contratación de trabajadores extranjeros debe realizarse dentro del marco legal vigente.
La aclaración fue hecha a través de una carta oficial dirigida a Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre, firmada por Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia.
En el documento, Figueroa se refiere a las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, emitidas durante su participación en el “Diálogo Libre” de Diario Libre, donde explicó que productores bananeros propusieron un mecanismo de permisos transitorios para trabajadores extranjeros ya conocidos y con experiencia previa en procesos de regularización.
Cruz detalló que esta iniciativa ya fue aceptada en el sector bananero y se proyecta extenderla a otros sectores agrícolas como el avícola, arrocero y platanero, siempre para aquellos trabajadores que “ya hayan tenido una experiencia de regulación”.
Sin embargo, la Presidencia fue enfática al señalar que tales declaraciones reflejan preocupaciones específicas del sector agrícola ante la escasez de mano de obra formal, pero “no representan ni resumen la política pública del Estado en materia migratoria”.
“Es importante aclarar que no se ha autorizado, emitido ni dispuesto la entrega de permisos de trabajo a personas en situación migratoria irregular. Cualquier afirmación que sugiera lo contrario no se corresponde con la realidad”, puntualiza la misiva firmada por Figueroa.
El documento reafirma que la política migratoria del Gobierno está basada en el respeto a la ley, la institucionalidad y la defensa de la soberanía nacional. “Toda contratación de trabajadores extranjeros debe realizarse dentro del marco legal vigente y con el debido registro migratorio”, agrega.
Reconociendo la sensibilidad y complejidad del tema, el Gobierno anunció la convocatoria del Consejo Económico y Social (CES), con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo estructurado e incluyente con distintos actores de la sociedad. Este espacio permitirá debatir y proponer soluciones sobre temas clave de la agenda binacional, incluyendo el componente migratorio.
Figueroa subrayó que “la institucionalidad democrática es el espacio natural para concertar los consensos que el país requiere” y que el desarrollo económico debe estar alineado con el estricto cumplimiento del orden jurídico. “El compromiso del Gobierno es garantizar ambos principios con equilibrio, responsabilidad y apego al interés nacional”, concluyó.
