Gobierno en el centro de las controversias públicas

Introducción:

De 30 titulares principales de la semana pasada, el Gobierno estuvo a la defensiva o se vio en la
necesidad de reaccionar a los temas destacados por los medios nacionales, los cuales se
enfocaron sobre las iniciativas legislativas denominadas “ley mordaza” contra la libertad de
expresión y difusión del pensamiento. Solo dos desplegaron la consigna del Presidente: “No
miren pa tra”, la cual se hizo viral, pero de la ofensiva el oficialismo pasó a la defensiva tras
interpretarse como el inicio de la campaña de la reelección del presidente Luis Abinader.

Santo Domingo, 27 junio – Desde inicio de este año hasta hoy, distintos sectores se han pronunciado en contra de algunas iniciativas sometidas al Congreso Nacional consideradas controversiales.

Fue tan alto el ruido que generaron algunas de esas piezas, que no solo reaccionaron entidades locales. El estrépito rebasó los linderos de la República Dominicana y provocó descontento en organismos internacionales, siendo un ejemplo palpable la denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dada a conocer antes de ayer.

Las iniciativas de ley con más rechazo de los diferentes sectores son el proyecto de reforma al Código Penal; el contrato de fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina; el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia; el de tasa cero aranceles; el que busca regular el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y a la propia imagen; y el que crea la provincia Matías Ramón Mella.
De estas seis iniciativas, cinco tienen en común que son propuestas del oficialismo: tres corresponden al Poder Ejecutivo y dos a legisladores perremeístas.

Cabe mencionar que hay otras iniciativas que despertaron críticas en la sociedad, pero no como las seis mencionadas. Dos de ellas son: el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional del Coco “Inacoco” (propuesta de los diputados perremeístas Napoleón López Rodríguez y Geraldo Antonio Concepción Vargas); y el que busca liberar de todos los impuestos las toallas sanitarias y que sean consideradas producto de primera necesidad (autoría de Omar Fernández, de Fuerza del Pueblo).

Iniciativas del Poder Ejecutivo

El proyecto de ley contra la ciberdelincuencia es la pieza más reciente de las seis señaladas. El Poder Ejecutivo sometió la legislación el pasado 14 de junio, vía Cámara de Diputados, y desde que se supo de ella, no se hizo esperar su rechazo por parte los medios de comunicación, así como de entidades cívicas, políticas y religiosas.

El asunto se fue tan lejos que hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación, al entender que atenta contra la libertad de expresión e insiste en el carácter penal de la difamación. La SIP denunció que el proyecto de ley aumenta de uno a cuatro años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios mínimos.

La otra pieza del Poder Ejecutivo que generó controversia, fue la aprobación en la Cámara de Diputados, el pasado 11 enero, del contrato de fideicomisos para el manejo de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Diversas instituciones arremetieron contra la iniciativa, el gobierno y los legisladores que votaron a favor, quienes fueron acusados de aprobar leyes sin leer. La Comisión Permanente de Hacienda del Senado está apoderada del contrato desde el pasado 12 de enero, sin ningún avance hasta la fecha. En las críticas trascendió la debilidad del contrato y la falta de una legislación para regular los fideicomisos públicos.

“El fideicomiso, figura que ha adoptado el Presidente para el financiamiento de proyectos para obtener capitales, es bueno; el fideicomiso de Punta Catalina, en particular, tiene errores de carácter técnico que se pueden corregir”, dijo Ángel Lockward, previo a su exposición en el seminario-debate “Pertinencia y Viabilidad del Fideicomiso Punta Catalina”, que se llevó en un hotel de la capital. Esto fue a dos días de la intervención del presidente Luis Abinader, de someter a discusión el contrato de fideicomiso de la termoeléctrica en el CES a fin de que no haya cuestionamientos jurídicos.

Asimismo, generó controversias el proyecto de ley que buscaba gravar con tasa cero a 67 productos de primera necesidad en el país por un período de seis meses. Esto provocó que sectores agropecuarios se quejen de ver amenazada la producción local, descontento que aprovechó la oposición para arreciar contra el Gobierno. No obstante, y con esos partidos en contra, la pieza se aprobó y ya es ley.

Legisladores del PRM

Medios de comunicación, así como sectores de la sociedad civil, política y religiosa, rechazan el proyecto de ley orgánica que regula el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, aprobado en el Senado el pasado 17 de mayo y que pasó a la Cámara de Diputados. Las organizaciones entienden que la pieza propuesta por la senadora perremeísta Melania Salvador Jiménez vulnera derechos fundamentales avalados en la Carta Magna.

Refutan la controversial iniciativa el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Participación Ciudadana (PC), La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), legisladores de distintos partidos políticos, entre otros. Persio Maldonado, presidente del SDD, dijo que no le deja de preocupar la consistencia en que se presentan tantos proyectos, donde siempre hay unos espacios “con esas redacciones ambiguas”, a constituirse en un peligro para el ejercicio de la libre expresión y de la libertad.

Mientras, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al conversar con elCaribe consideró como una pérdida de tiempo del Congreso Nacional aprobar el proyecto de la forma en que vino del Senado, ya que viola derechos fundamentales y, por consiguiente, es una legislación anticonstitucional.

El proyecto de ley que establece la creación de la provincia Matías Ramón Mella, es otra iniciativa que desató una pólvora de rechazos de distintos sectores del país. La pieza, de autoría del diputado perremeísta César Santiago “Tonty” Rutinel Domínguez, fue aprobada de urgencia e la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 14 de junio, casi a unanimidad, y pasó al Senado ocho días después. La legislación cuenta con el repudio de varios senadores y distintas entidades, al considerar “inoportuna y más carga económica para el Estado la creación de una nueva demarcación en la República Dominicana.

Código Penal

La iniciativa que más pasión y reacciones genera en los dominicanos es el proyecto de ley del Código Penal. Aunque desde el pasado año, las críticas de la población a favor y en contra del proyecto estaban por doquier, en enero del 2022, los debates y rechazos se encendieron aún más cuando el diputado reformista Rogelio Alfonzo Genao Lanza junto a otros colegas (uno del PRSC y dos del PRM), sometieron otro código.

Ante los cuestionamientos de algunos legisladores y sectores de la sociedad civil a los procedimientos reglamentarios y constitucionales de la Cámara de Diputados, así como desacuerdos en el tema de la discriminación por orientación sexual (del artículo 185), el pasado 11 de enero la Cámara Baja decidió dejar sobre la mesa el “nuevo” proyecto hasta la siguiente legislatura, que inició el 27 de febrero. El proyecto se había presentado como una alternativa al pliego de ley que aprobó el Senado el pasado 23 de noviembre y que la Cámara de Baja archivó indefinidamente, ante los señalamientos y críticas al informe de la comisión bicameral a cargo de la iniciativa, por no alcanzar las dos terceras partes requeridas en ese momento.

Fue en ese contexto que Genao Lanza, quien se hizo eco de que la iniciativa “estaba viva”, introdujo el nuevo código junto a los colegas Máximo Castro Silverio , PRSC; y Darío Zapata , PRM (el diputado perremeísta Nicolás Hidalgo Almánzar en ese momento no figuraba en la lista de proponentes).

El objetivo del vocero de la bancada reformista era calmar el “avispero” de críticas y se conozca el controvertido proyecto de ley con las pequeñas modificaciones que le habían hecho. Sin embargo, Alfredo Pacheco manifestó ese día que el proyecto de ley se mantiene vigente en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados.

Gobierno busca apagar ruidos en leyes mordazas

Hace dos días, el presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 333-22, del 23 de junio de 2022, que crea e integra una comisión consultiva con carácter honorifico que tendrá a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión. Con el propósito de unificar criterios en torno a la regulación legislativa del referido derecho fundamental, la comisión consultiva ha sido integrada por un plural equipo de juristas y comunicadores. Forman parte de la comisión Namphi Rodríguez, quien fungirá como su director ejecutivo, Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, entre otros.

Publicado en El Caribe