Gobierno endurece controles en la frontera y acelera deportaciones de indocumentados
Santo Domingo, 30 marzo. — La política migratoria dominicana entra en una nueva fase de mayor rigor. En las últimas semanas, las autoridades han intensificado los operativos de interdicción en la frontera con Haití, elevando el número de detenciones y repatriaciones de extranjeros en condición irregular, en su mayoría ciudadanos haitianos.
Datos oficiales de la Dirección General de Migración (DGM) indican que solo en los primeros dos meses de 2026 fueron deportados 67,940 indocumentados, reflejo de un aumento sostenido en la ejecución de la política de control migratorio. De ese total, más de 30 mil repatriaciones se realizaron en febrero, principalmente a través de los pasos fronterizos.
El reforzamiento no se limita a cifras. En el terreno, los operativos han sido ampliados con participación conjunta de distintas instituciones del Estado. En jornadas específicas, como las realizadas a finales de febrero, se reportó la detención de 2,405 personas en situación migratoria irregular.
Las acciones involucraron a la DGM, el Ejército, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y la Armada.
Este despliegue evidencia un cambio operativo: más presencia militar, controles móviles en carreteras, redadas en comunidades y vigilancia reforzada en puntos estratégicos de la frontera, especialmente en Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales.
Otro elemento clave del endurecimiento es la consolidación de la verja perimetral fronteriza, una obra impulsada por el Gobierno dominicano desde 2022 como parte de su estrategia de seguridad. A esto se suman medidas administrativas más estrictas y procesos de deportación más ágiles.
El aumento de las repatriaciones también responde al contexto regional. La crisis en Haití —marcada por violencia, inestabilidad política y deterioro institucional— continúa generando presión migratoria hacia territorio dominicano, obligando a las autoridades a reforzar sus mecanismos de control.
Sin embargo, la política no está exenta de cuestionamientos. Organismos internacionales y sectores sociales han advertido sobre posibles vulneraciones a derechos humanos, particularmente en operativos masivos y deportaciones colectivas. El Gobierno, por su parte, sostiene que actúa en el marco de la ley y en defensa de la soberanía nacional.
La tendencia apunta a una continuidad —e incluso ampliación— de estas medidas. En un escenario donde la crisis haitiana no muestra señales de solución en lo inmediato, la República Dominicana mantiene una postura firme: control migratorio reforzado como eje central de su agenda interna y de seguridad fronteriza.
