Gobierno inicia desmonte gradual de exenciones fiscales a empresas generadoras que operan mayormente en zonas turísticas

Santo Domingo, 11 Feb – El gobierno inició el proceso de eliminación gradual de las exenciones fiscales de que gozan ocho empresas generadoras de electricidad, en su gran mayoría establecidas en zonas turísticas, que operan bajo sistemas aislados o para consumo propio no interconectados, informaron este viernes medios de prensa locales.

La meta es la eliminación total de este privilegio, según se hace constar en la carta que las autoridades remitieron a estas empresas, en la que explican que la medida se corresponde con el proceso de organización financiera del Estado en busca de fortalecer su capacidad recaudatoria y lograr la sostenibilidad fiscal.

Una nota de Diario Libre destaca que solo en exenciones por el impuesto selectivo al consumo (ISC) a los hidrocarburos el Estado estimó que dejará de percibir en este año RD$18,626.6 millones, equivalentes a un 6.5 % del total del sacrificio fiscal para 2022, que ascendería a RD$285,688.7 millones, según establece el presupuesto.

En exenciones fiscales para la generación eléctrica, el Estado estimó que dejará de recibir en este año RD$6,014.8 millones,exclusivamente por el ISC a los hidrocarburos.

De acuerdo al Presupuesto General del Estado para 2022, solo el sector de las zonas francas supera al de la generación eléctrica, en cuanto al gasto tributario que se proyecta otorgarles, que junto al turismo y a la minería percibirían el 20.5 % del total de las exenciones para este año.

La misiva señala que estas generadoras venden su energía a empresas privadas, hoteles o bien para generación propia de una actividad comercial, por lo que en sus tarifas comerciales pueden reflejar sus costos operativos.

“Se toma en consideración que un alto porcentaje de las ventas de electricidad en los sistemas aislados actuales tienen tarifas comerciales que podrían permitir que estos impuestos formen parte de los costos operativos de los negocios que allí operan, liberando al Estado de un gasto o carga fiscal importante, que contribuirá a la disminución del déficit fiscal que cada año tiene que enfrentar y asumir el Estado dominicano”, establece.

Además de la generadora Corporación Energética Turística Juanillo (Cap Cana Caribe), reciben las exenciones el Consorcio Energético Punta Cana-Macao, la Corporación Turística de Servicios Punta Cana, Costasur Dominicana-Casa De Campo, Generadora Eléctrica de Samaná, Compañía de Electricidad de Bayahibe, Cementos Cibao y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Alto Bandera).

En la carta, firmada por los ministros de Hacienda, José Manuel –Jochi– Vicente, y el de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –Ito– Bisonó, y el superintendente de Electricidad, Rafael Velazco, se indica que, en todo caso, para el cálculo de los pliegos tarifarios de cada concesionario, la Superintendencia tomará en consideración esta condición (el desmonte de las exenciones) que podría reflejarse en los costos del suministro.

“Esta revisión tiene la finalidad de abarcar una evaluación completa del 100 % del gasto fiscal referente a las exenciones de los combustibles para ir desmontando de forma gradual, en términos de tiempo, por clase de beneficiario, a quienes se les otorgan dichas exenciones, así como el tipo y cantidad de combustible que se exonera en la actualidad”, agrega.

El documento añade que la primera etapa del desmonte está enfocada en las empresas generadoras establecidas en los sistemas aislados o consumos propios no interconectados.

El gobierno sostiene que ha estado analizando el gasto tributario anual para eventualmente ir desmontando de manera escalonada dicho sacrificio fiscal, que se manifiesta en este caso mediante exenciones de impuestos a los combustibles.

En octubre pasado, el Gobierno también inició el desmonte gradual al subsidio a la tarifa eléctrica de los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), un mandato del Pacto Eléctrico, firmado en febrero de 2021. La medida busca llevar la tarifa actual hasta el nivel que refleje el costo real del servicio, con aumentos graduales que determinará la Superintendencia de Electricidad (SIE) cada trimestre. Según se informó en esa ocasión, los porcentajes a aumentar cada tres meses serán mínimos hasta llegar a la meta establecida por el pacto.