Gobierno lanza campaña “Protegiendo lo Nuestro” como parte de la estrategia nacional contra la corrupción
Santo Domingo, 8 sept. – El presidente Luis Abinader reafirmó este lunes su compromiso con la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y la consolidación de un Estado más ético y responsable.
Durante su participación en el espacio “La Semanal con la Prensa”, el mandatario anunció la puesta en marcha de la campaña nacional “Protegiendo lo Nuestro”, una iniciativa que será implementada en todas las instituciones públicas del país con el objetivo de educar a funcionarios, empleados del Estado y a la ciudadanía sobre la prevención, detección y denuncia de actos de corrupción.
Esta campaña forma parte de un plan integral desarrollado por la Procuraduría General de la República en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, bajo el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), un proyecto que busca recuperar la confianza ciudadana y promover una cultura de integridad en el servicio público.
Uno de los elementos fundamentales de esta campaña es la habilitación de un portal digital, www.denunciaspepca.pgr.gob.do mediante el cual los ciudadanos podrán realizar denuncias anónimas y seguras relacionadas con actos de corrupción en el Estado.
El presidente destacó que este canal de participación fortalecerá el control social y ofrecerá una vía efectiva para canalizar inquietudes o sospechas de irregularidades.
La Estrategia Nacional de Integridad Pública se basa en cuatro pilares principales: la prevención de riesgos de corrupción, la creación de instituciones públicas más abiertas y responsables, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de integridad institucional.
Para su ejecución, la estrategia se estructura en seis ejes estratégicos que abarcan diversas áreas de la gestión estatal.
Estos ejes incluyen la transparencia y el gobierno abierto, orientado a garantizar el acceso a la información y fomentar la participación mediante procesos digitales; la calidad democrática, enfocada en procesos electorales íntegros y el fortalecimiento de los organismos de control; la administración y servicios públicos, con énfasis en la profesionalización, la meritocracia y la formación ética obligatoria; las contrataciones y alianzas público-privadas, que promueven la igualdad de condiciones, la sostenibilidad y la prevención de conflictos de interés; el control y fiscalización de recursos públicos, que impulsa mecanismos modernos de auditoría y uso de tecnología; y la integridad en la justicia y lucha contra la impunidad, que contempla la protección de denunciantes, la persecución penal efectiva y la recuperación del patrimonio público.
Durante su alocución, el presidente resaltó un hito legislativo importante: por primera vez en la historia del país, la corrupción ha sido reconocida como un delito autónomo en el nuevo Código Penal, específicamente en el artículo 284.
Esta inclusión permite sancionar directamente cualquier conducta que afecte el patrimonio del Estado sin necesidad de que esté vinculada a otros delitos. En cuanto a las sanciones específicas, Abinader detalló que los delitos relacionados con contrataciones públicas irregulares, como la alteración de precios o la adjudicación fraudulenta de contratos, tendrán penas de tres a diez años de prisión, inhabilitación por un mínimo de cinco años, multas proporcionales y devolución de fondos.
En los casos de peculado, desfalco, concusión, prevaricación o coalición de funcionarios, las penas alcanzan hasta diez años de prisión, inhabilitación vitalicia, multas del doble del monto sustraído y sanciones económicas entre veinte y sesenta salarios mínimos.
Asimismo, se contempla la responsabilidad penal de las empresas involucradas en corrupción, con sanciones que incluyen multas de hasta doscientos salarios mínimos, decomiso de bienes, cancelación de licencias y la prohibición de contratar con el Estado por hasta diez años.
Los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión en las declaraciones juradas serán sancionados con hasta diez años de prisión, decomiso de bienes y multas económicas.
También serán penalizados con prisión y sanciones administrativas los casos de soborno, tráfico de influencias, manipulación de pagos, abuso de funciones y uso indebido de información privilegiada.
