Gobierno presenta proyecto de reforma laboral con énfasis en teletrabajo y nuevos derechos para trabajadores domésticos

Santo Domingo, 10 de octubre – En el marco de un conjunto de reformas legislativas, el Poder Ejecutivo entregó este jueves al Congreso un proyecto de ley que busca impulsar una profunda reforma laboral en la República Dominicana.

El Ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, fue el encargado de presentar la propuesta, la cual, según afirmó, no elimina la cesantía laboral del actual Código de Trabajo, sino que pretende modernizar varios aspectos, incluyendo la regulación del teletrabajo y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores domésticos.

De acuerdo con De Camps, la propuesta gubernamental tiene como objetivo ajustar el marco legal a las nuevas realidades del mercado laboral, como el trabajo a distancia. «El proyecto no elimina la cesantía, sino que busca actualizar el Código para garantizar los derechos de los empleados y adaptarlo a las necesidades actuales», señaló el funcionario.

Protección y nuevos derechos para trabajadores domésticos

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la inclusión de derechos laborales para los trabajadores domésticos, quienes, de aprobarse esta ley, podrán acceder a los servicios de la seguridad social del Gobierno. Esta medida responde a las demandas de uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral, que hasta ahora no ha tenido el mismo acceso a derechos que otros trabajadores.

De Camps subrayó que la propuesta presentada es el resultado de más de 100 sesiones de trabajo realizadas desde febrero de 2022, como parte de un esfuerzo por garantizar el consenso en la Mesa Técnica Jurídica del sector productivo. «Es una propuesta inclusiva, producto del diálogo y la concertación entre empresarios, trabajadores y la ciudadanía», afirmó.

Teletrabajo: derechos y obligaciones

Uno de los puntos centrales del proyecto es la regulación del teletrabajo, una modalidad que ha cobrado relevancia desde la pandemia. Según el artículo 276 del proyecto, las empresas deberán asumir los costos de las herramientas y equipos necesarios para que los empleados puedan desempeñar su trabajo desde casa. Además, cualquier desperfecto o desgaste en estos equipos deberá ser cubierto por el empleador, sin que esto afecte la remuneración del trabajador.

El proyecto también estipula que los trabajadores no podrán ser vigilados en su vida privada o personal, aunque sí se podrá establecer vigilancia sobre los bienes e información de la empresa, siempre y cuando no se violen los derechos fundamentales de los empleados.

Otro aspecto relevante es el derecho de desconexión, que garantiza que los trabajadores puedan desconectarse fuera de su jornada laboral y durante sus periodos de descanso sin repercusiones.

Además, las empresas deberán ofrecer formación profesional para aquellos que trabajen con nuevas tecnologías, a través de cursos y seminarios que les permitan adaptarse mejor a esta modalidad de trabajo, sin que esto genere una nueva carga laboral.

En caso de que el teletrabajo se acuerde después de iniciada la relación laboral, cualquiera de las partes puede solicitar revertir el acuerdo. De no haber consenso, la Dirección General de Trabajo (DGT) será la encargada de decidir si existe una causa justa para la reversión, en un plazo no mayor de diez días. Mientras no se tome una decisión, el teletrabajo continuará vigente.

Proceso de reforma sin prisas

El ministro De Camps aseguró que no existe ninguna premura en la implementación de la reforma, señalando que el proceso ha sido el resultado de un diálogo inclusivo entre los diferentes sectores del país. «No hay prisa. Esta es una reforma que beneficiará a todos los sectores y que ha sido sometida a un diálogo tripartito entre el empresariado, las organizaciones políticas y la ciudadanía», enfatizó.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió el proyecto en su despacho y anunció que será enviado a una comisión especial para su análisis. «Nuestro objetivo es ofrecer al país el mejor código laboral posible», afirmó de los Santos.

Sin embargo, algunos congresistas han expresado que el proyecto debería someterse a un proceso más participativo que incluya consultas con la ciudadanía. Pese a esto, la propuesta deberá pasar por los procedimientos legislativos establecidos en el Senado antes de su discusión en el pleno.

Reacciones del sector empresarial

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, reaccionó a la entrega del proyecto pidiendo «prudencia y moderación». A través de sus redes sociales, Dargam indicó que el país ya enfrenta una serie de temas de gran importancia, como la reforma fiscal y la reforma constitucional, por lo que no cree necesario apresurar el proceso de esta nueva propuesta legislativa.

«Es fundamental abordar esta reforma de manera integral y con cuidado, para garantizar una República Dominicana resiliente y sostenible», señaló Dargam. También insistió en que cualquier reforma debe enfocarse en reducir la informalidad laboral, crear empleos y generar un clima de confianza para la inversión, lo cual contribuirá a mejorar la productividad y competitividad del país.

Asimismo, el Conep ha expresado sus preocupaciones sobre algunas disposiciones del proyecto, aunque también ha reconocido la necesidad de una reforma que permita una evolución en el marco laboral.

Tercera reforma en menos de dos meses

Este proyecto de ley representa la tercera reforma que el Gobierno ha presentado ante el Congreso en menos de dos meses. En junio, el Poder Ejecutivo entregó un proyecto de reforma constitucional, y más recientemente, el pasado martes, presentó una propuesta de reforma fiscal.

Las múltiples reformas han generado un intenso debate en la sociedad dominicana, con diversos sectores políticos y sociales cuestionando el ritmo y la falta de consenso en algunos de estos procesos. Pese a las críticas, el Gobierno insiste en que todas las propuestas han sido producto de diálogos y acuerdos entre los sectores involucrados.