Gobierno socializa con sus funcionarios los alcances del nuevo Código Penal y la Ley de Contrataciones en la lucha contra la corrupción
Santo Domingo, 4 de septiembre. — El presidente Luis Abinader encabezó la noche del miércoles una sesión del Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional, centrada en analizar y socializar con ministros, directores y altos funcionarios las implicaciones jurídicas y administrativas del recién promulgado Código Penal y de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, particularmente en lo que respecta al combate contra la corrupción.
Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto al director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, detallaron los principales cambios introducidos por estas normativas, los cuales buscan fortalecer los mecanismos institucionales de control y sanción frente a delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien fungió como vocero del Consejo, afirmó que ambas reformas representan un hito en la construcción de un Estado más transparente y eficiente. “Con estas reformas reafirmamos nuestro compromiso de construir un Estado más transparente, justo y eficiente al servicio de todos los dominicanos”, expresó.
Paliza explicó que el nuevo Código Penal incorpora figuras penales modernas y rigurosas para combatir delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones, soborno, peculado y lavado de activos.
Además, refuerza la responsabilidad penal de los servidores públicos y crea herramientas legales que permiten mayor efectividad en la persecución judicial de estos delitos.
El Código también se alinea con estándares internacionales de lucha contra la corrupción, cumpliendo recomendaciones de organismos multilaterales y consolidando así el Estado de derecho y la institucionalidad democrática del país.
En cuanto a la nueva Ley de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel destacó su promulgación en julio de 2025 como un paso clave hacia la modernización del sistema de compras públicas.
Entre sus avances sobresalen la implementación de la plataforma Pladicop, que garantiza trazabilidad digital; sanciones penales por actos de corrupción; y medidas de inclusión como la reserva del 30% de las compras para MIPYMES y empresas lideradas por mujeres. También introduce herramientas de inteligencia de datos y gestión de riesgos para optimizar la inversión pública.
Finalmente, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, presentó los informes más recientes de la OCDE, los cuales destacan los avances del país en materia de integridad y transparencia.
“El Gobierno del presidente Abinader ha hecho de la integridad pública una bandera”, concluyó Paliza, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.
