Gobierno y alcaldes firman acuerdo para reforzar control migratorio y soberanía nacional
Por la Redacción
Santo Domingo, 23 de abril de 2025. – En un esfuerzo conjunto por reforzar el control migratorio en la República Dominicana y fortalecer la soberanía nacional, el presidente Luis Abinader encabezó este martes una reunión con representantes de los gobiernos locales, en la cual se firmó un trascendental acuerdo de colaboración entre varias entidades claves del ámbito municipal y nacional.
La Dirección General de Migración (DGM), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) fueron las instituciones firmantes de este pacto estratégico, que busca enfrentar de manera más efectiva el fenómeno de la inmigración ilegal que afecta al país.
Durante el acto, celebrado en Santo Domingo, el mandatario dominicano reiteró su llamado a los alcaldes y directores municipales del país para que se sumen con firmeza y sentido de responsabilidad a las medidas migratorias que viene implementando su gobierno.
Abinader fue enfático al señalar que “la única responsabilidad que debemos tener todos es responder a los dominicanos y dominicanas”. Asimismo, subrayó que la situación migratoria actual, especialmente con relación a Haití, no puede seguir siendo una carga que asuma únicamente la República Dominicana.
“Hemos hecho demasiado durante muchos años. Ya es tiempo de que la comunidad internacional actúe con determinación y asuma su parte en esta crisis humanitaria y migratoria que afecta a nuestro país vecino. No podemos continuar solos en esto”, afirmó el jefe de Estado, visiblemente comprometido con el tema.
El acuerdo firmado contempla un conjunto de líneas de acción tanto a corto como a mediano plazo, que buscan establecer canales permanentes de colaboración entre los gobiernos locales y las entidades nacionales con competencia en la materia migratoria.
En ese sentido, las partes se comprometieron a participar activamente en las mesas de seguridad provinciales, y en aquellas que puedan realizarse a nivel municipal. También se diseñarán campañas orientadas a promover las políticas migratorias impulsadas por la Dirección General de Migración y a concientizar sobre los riesgos de contratar mano de obra inmigrante en condición irregular.
Uno de los puntos más destacados del pacto establece la facultad de los ayuntamientos y distritos municipales para recomendar a la DGM la realización de operativos de interdicción en barrios, sectores, parajes y comunidades donde se presuma una alta concentración de inmigrantes ilegales.
Para ello, se habilitarán canales de comunicación directa entre alcaldes, directores distritales y los llamados “alcaldes pedáneos”, de forma que puedan tramitar solicitudes específicas de intervención en sus respectivas jurisdicciones.
De igual manera, se realizarán inspecciones conjuntas en espacios públicos con el objetivo de prevenir su ocupación por parte de personas en situación migratoria irregular. Estos operativos permitirán también identificar asentamientos informales y rutas comúnmente utilizadas por redes de tráfico de personas.
En paralelo, se establecerá una colaboración estrecha con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONANI) para brindar atención especializada a menores no acompañados que deambulen por las calles en condición migratoria irregular.
El acuerdo también contempla mecanismos para facilitar la repatriación voluntaria de inmigrantes que así lo deseen, incluyendo la recepción, verificación y traslado de estos individuos. Como parte del seguimiento y fiscalización, se estableció que los representantes municipales deberán reunirse al menos dos veces al mes con los delegados regionales de la DGM para evaluar el avance de las acciones.
Por su parte, la Dirección General de Migración se encargará de liderar los operativos de interdicción y repatriación, de verificar el estatus migratorio de los extranjeros intervenidos, y de realizar la biometrización de aquellos que sean detenidos.
Asimismo, gestionará el transporte, alojamiento temporal y custodia de las personas en proceso de repatriación, garantizando la documentación individual de cada caso y elaborando informes periódicos sobre los resultados obtenidos.
La DGM también tendrá la responsabilidad de capacitar al personal de los gobiernos locales en materia de normativa migratoria, a fin de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar este fenómeno de manera ordenada y conforme a la ley.
En cuanto a los compromisos de los gobiernos locales, estos deberán identificar y reportar las zonas donde se registre una mayor presencia de inmigración irregular, así como fiscalizar la venta de terrenos cercanos a la franja fronteriza para evitar su ocupación informal.
Además, se comprometieron a impedir la construcción de viviendas destinadas a inmigrantes ilegales y a garantizar que no se les alquilen propiedades municipales ni se les emplee en oficinas públicas.
Del mismo modo, los ayuntamientos ofrecerán apoyo logístico para la realización de los operativos, facilitando transporte, personal de apoyo, oficinas, agua, energía eléctrica y baños temporales, así como su participación activa en campañas informativas sobre migración regular y derechos humanos.
Las gobernaciones provinciales también tendrán un rol relevante, actuando como puente de coordinación entre la DGM y los demás actores estatales presentes en las provincias. Estas deberán mediar en los casos en que las comunidades se opongan a operativos migratorios y canalizar denuncias ciudadanas relacionadas con tráfico o trata de personas.
La firma del acuerdo estuvo a cargo del director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; del presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza; del presidente de FEDOMU, Nelson Núñez; y del presidente de FEDODIM, Leoncito José.
Durante su intervención, Lee Ballester enfatizó que la implementación de estas medidas será coordinada con cada uno de los alcaldes y directores municipales del país. Reafirmó que el objetivo central es optimizar el proceso de repatriaciones y fortalecer el marco legal que rige la política migratoria nacional.
El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, también tuvo palabras de aliento durante el acto. Aclaró que la función de los gobiernos locales no es sustituir a las autoridades migratorias, sino trabajar junto a ellas. “Este no es un problema de una provincia ni de un territorio en particular. Es un problema nacional, un desafío que nos compromete a todos como dominicanos y dominicanas”, expresó.
El evento contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entre otros funcionarios y líderes municipales.
