Haití encrucijada: alternativas ante el traspaso de poder en medio de violencia y crisis humanitaria
Puerto Principe, Haití, 8 Feb (Agencias) . – En medio de una crisis política y de seguridad sin precedentes, Haití enfrenta un momento crucial tras la decisión del Consejo Presidencial Transitorio de poner fin a su mandato e intentar traspasar la presidencia al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en un contexto dominado por la violencia de pandillas, un Estado colapsado y una población exhausta por la inseguridad.
La situación, que ha dejado un vacío institucional prolongado y sin elecciones generales desde hace años, plantea varias rutas que el país podría seguir en los próximos meses.
La crisis actual tiene sus raíces en años de debilitamiento institucional y ascenso de grupos armados que han desplazado el control estatal en amplias zonas, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, donde pandillas como Viv Ansanm y alianzas como G9 Family & Allies han tomado posiciones estratégicas de poder y control social.
Estas organizaciones no solo ejercen violencia, sino que estructuran un sistema de “gobernanza criminal”, imponiendo impuestos, regulando mercados e influyendo directamente en la vida diaria de los ciudadanos.
La decisión del Consejo Presidencial Transitorio, un organismo formado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, de disolverse y transferir la autoridad ejecutiva al primer ministro representa una apuesta por mantener cierta continuidad política en medio del colapso institucional.
No obstante, la legitimidad de esta transición carece de respaldo electoral y constitucional claro, ante la ausencia de consensos internos y la presión de actores internacionales.
Primera alternativa: consolidar un gobierno liderado por Fils-Aimé
Una de las posibilidades es que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé logre consolidar su posición como líder de facto, con el apoyo tanto de Estados Unidos como de otros gobiernos aliados.
Washington ha respaldado públicamente al primer ministro y ha impuesto sanciones y restricciones de visado a miembros del consejo que intentaron apartarlo del poder, apoyando una figura central capaz de garantizar cierta estabilidad mínima.
Además, la presencia de buques de la Armada de los Estados Unidos en la Bahía de Puerto Príncipe se interpreta como una señal de apoyo militar y político ante la delicada transición.
Si bien este camino podría ofrecer un rostro de gobernabilidad, adopta el riesgo de perpetuar un liderazgo sin legitimidad democrática, en un país donde la población exige elecciones libres y la restauración de instituciones representativas. Aunque la agenda oficial apunta a organizar comicios para 2026 o 2027, los obstáculos logísticos y de seguridad siguen siendo enormes.
Segunda alternativa: misión de seguridad internacional reforzada
Otra ruta que se discute es la consolidación de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), diseñada para apoyar a las fuerzas locales en la lucha contra las bandas armadas.
El despliegue de esta fuerza se ha visto como un paso necesario para recuperar espacios urbanos bajo control de pandillas y crear condiciones mínimas de seguridad que permitan la organización de elecciones. Sin embargo, hasta ahora, la fuerza ha estado por debajo de las capacidades planificadas, con menos de los efectivos necesarios, y su impacto real sigue siendo limitado ante la magnitud del problema.
La efectividad de una misión internacional dependerá de su financiación, su coordinación con actores locales y el compromiso de los países participantes, así como de una estrategia que combine presencia de seguridad con programas de reconstrucción institucional y apoyo social a las comunidades más afectadas por la violencia.
Tercera alternativa: diálogo nacional y acuerdos políticos
Una tercera alternativa remarca la necesidad de un proceso amplio de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, sociales y comunitarias de Haití, con mediación internacional.
Esto implicaría no solo abordar la coyuntura institucional inmediata, sino también construir acuerdos para enfrentar las causas profundas de la crisis, como la exclusión política, la pobreza, el desempleo y la fragilidad del Estado. Un diálogo efectivo podría abrir puertas a una hoja de ruta consensuada para elecciones libres, reformas estructurales y la reconstrucción de la confianza pública.
Sin embargo, dicha ruta confronta enormes desafíos: la fragmentación social, la desconfianza entre actores políticos, la violencia de pandillas que dificulta la movilidad y participación ciudadana, y el profundo desgaste de las instituciones estatales. Superar estas barreras requerirá un compromiso sostenido por parte de actores nacionales e internacionales.
Las decisiones que Haití tome en los próximos meses definirán si el país puede superar esta fase de crisis prolongada o si quedará atrapado en un ciclo de violencia e inestabilidad.
Con tres alternativas principales sobre la mesa —un gobierno consolidado bajo Fils-Aimé, una misión internacional de seguridad reforzada, o un diálogo nacional inclusivo— las esperanzas de paz y gobernabilidad dependen de la cooperación entre los actores internos y el papel que la comunidad internacional esté dispuesta a desempeñar de manera sostenible y respetuosa de la soberanía haitiana.
