Haití entra en un vacío institucional total tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición
SANTO DOMINGO, 7 Feb. – Haití enfrenta una de las etapas más críticas de su larga crisis política e institucional, tras concluir oficialmente este sábado 7 de febrero el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) sin haber logrado su cometido principal: organizar elecciones y permitir la transferencia del poder a autoridades electas.
El país caribeño entra ahora en un vacío absoluto de poder, agravando una situación de inseguridad y desorden que ya se ha prolongado por años.
El CPT fue creado con la misión de guiar al país hacia un gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, sin elecciones celebradas y en medio de una inestabilidad creciente, el organismo termina su periodo sin cumplir su función. Su gestión ha sido duramente criticada por sectores políticos y sociales por irregularidades, acusaciones de corrupción, nepotismo, abusos y falta de resultados concretos en la restauración del orden y la seguridad.
Con la finalización de sus funciones, Haití queda sin presidente, sin un Parlamento en pleno ejercicio, sin senadores ni diputados electos, y con autoridades municipales debilitadas o inexistentes en muchas zonas. Esta ausencia de representación institucional eleva los temores de que grupos armados, pandillas y actores no estatales aprovechen el vacío para expandir su control territorial y político.
La violencia de bandas ha aumentado de forma sostenida, particularmente en Puerto Príncipe y otras ciudades principales, donde se estima que grupos armados controlan amplias zonas urbanas, limitando la movilidad de la población y reduciendo la presencia del Estado.
En este contexto, la pregunta sobre quién tiene la autoridad para ordenar a las fuerzas de seguridad actuar, o incluso procesar criminales y mantener el orden legal, permanece sin respuesta clara.
Según reporta el diario haitiano Le Nouvelliste, para este sábado en la Villa d’Accueil se celebró una ceremonia a la que fueron invitados miembros del cuerpo diplomático y otros actores, en la cual el presidente saliente del CPT, Laurent Saint-Cyr, ofreció un discurso de despedida.
En ese acto, anunció que entregaría las funciones del poder ejecutivo al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien ahora queda encargado de garantizar la continuidad operativa del Estado, aunque con límites aún inciertos o indefinidos.
La designación de Fils-Aimé ha sido vista por Estados Unidos y algunos actores internacionales como clave para intentar mantener cierto grado de control institucional ante el vacío. No obstante, sectores de la sociedad haitiana cuestionan la legitimidad de esta transición, señalando que su autoridad no emana de un proceso electoral, sino de acuerdos políticos bajo presión de la comunidad internacional.
Analistas y comentaristas haitianos han comparado esta transición con situaciones pasadas, como la asunción de funciones por parte de Ariel Henry tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, también bajo supervisión internacional y sin mandato electoral claro.
Otros actores políticos han propuesto que un juez del Tribunal Supremo de Casación asuma de manera interina la presidencia, una opción que algunos sectores consideran constitucionalmente más sólida, aunque también sin consenso amplio.
Lo que sí rechaza una parte significativa de la población es la posibilidad de prolongar el mandato del ya debilitado y ampliamente criticado Consejo Presidencial de Transición, cuya gestión deja un legado de frustración y desconfianza ciudadana.
A esta compleja realidad política se suma la presencia de buques estadounidenses —como el USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence — que llegaron a la bahía de Puerto Príncipe el pasado 4 de febrero, tres días antes del fin del mandato del CPT. Aunque la misión ha sido anunciada como parte de la operación “Lanza del Sur” y con fines de apoyo a la seguridad y estabilidad, su presencia ha sido interpretada también como una advertencia o medida preventiva frente a posibles escenarios de desorden.
La embajada de Estados Unidos en Haití afirmó en redes sociales que la llegada de estas embarcaciones “refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro mejor para Haití”.
Sin embargo, la efectividad de estas operaciones y la capacidad de mitigar la violencia endémica y la crisis institucional dependerán del tiempo, la cooperación regional y las decisiones políticas internas.
Mientras tanto, la situación humanitaria, de seguridad y política en Haití sigue siendo precaria. Los observadores regionales, incluido el Gobierno dominicano, mantienen una vigilancia estrecha de los eventos, conscientes de que cualquier agravamiento de la crisis puede tener repercusiones directas en la República Dominicana y el Caribe en general.
El país caribeño se mantiene a la espera de soluciones que permitan restaurar el orden institucional y avanzar hacia elecciones libres y transparentes, una meta que hasta ahora sigue siendo esquiva.
