Haití se asoma al abismo institucional: elecciones postergadas abren una peligrosa brecha de poder
Santo Domingo, 5 de noviembre de 2025. — La posibilidad de que Haití celebrara elecciones generales el próximo 15 de noviembre de 2025 ha quedado completamente descartada, oficializando así una crisis electoral anunciada.
El Consejo de Transición Política (CTP) y el Consejo Electoral Provisional (CEP) han reconocido de manera formal su imposibilidad de cumplir con ese calendario, lo que ha forzado el aplazamiento de los comicios presidenciales y legislativos hasta el 1 de febrero de 2026.
Aunque este retraso ha sido justificado por el CTP como una medida necesaria para garantizar una organización electoral «ordenada y transparente», lo cierto es que el país se enfrenta ahora a una amenaza mucho más grave: un vacío de poder institucional que podría durar al menos 96 días, entre el final del mandato del órgano transitorio y la eventual toma de posesión de un nuevo gobierno electo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Representante Especial para Haití, Carlos G. Ruiz Massieu, ha advertido con preocupación sobre el riesgo inminente de un «colapso institucional sin precedentes» si no se toman medidas urgentes para llenar ese vacío.
El problema de fondo no es el mero aplazamiento de las elecciones, sino las consecuencias estructurales que genera esta postergación. El mandato del CTP tiene como fecha límite el 7 de febrero de 2026, un plazo legalmente inamovible conforme a su acuerdo fundacional. No existe en ese marco ningún mecanismo formal que permita extender la duración del órgano transitorio.
En contraste, el calendario electoral actualizado prevé que la toma de posesión del próximo presidente se produzca el 14 de mayo de 2026. Esto significa que, de mantenerse los plazos actuales, Haití se quedará sin una autoridad constitucionalmente legítima durante un período de tres meses y una semana, un tiempo extremadamente delicado en el contexto actual del país, marcado por violencia, fragmentación política y una crisis de gobernabilidad sin precedentes.
La creación de un órgano interino que sirviera como puente entre la transición y el nuevo mandato fue contemplada inicialmente como una solución de emergencia, pero hasta la fecha no se ha concretado. Su ausencia expone al país a una zona gris institucional que amenaza con profundizar aún más la ya debilitada estructura del Estado haitiano.
Además, la legitimidad del propio Consejo de Transición ha comenzado a erosionarse desde dentro. Declaraciones recientes del presidente del CTP, Frinel Joseph, han añadido más incertidumbre al proceso.
Joseph no solo admitió públicamente que la fecha de noviembre era irrealizable, sino que también expresó dudas sobre el cumplimiento del nuevo calendario de febrero de 2026. Este reconocimiento público por parte de una de las figuras clave del órgano de transición ha minado la confianza tanto de la comunidad internacional como de los sectores internos que aún respaldaban el proceso.
Aunque el CTP afirma tener asegurado un financiamiento de 65 millones de dólares para la celebración de las elecciones, y ha presentado un calendario detallado que abarca desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026, los hechos sugieren que los tiempos políticos no están alineados con los tiempos institucionales.
La gobernabilidad en Haití parece depender hoy menos del cumplimiento de una agenda electoral formal y más de la capacidad de sostener una frágil estabilidad durante este período de incertidumbre.
La actual estructura de transición, concebida tras la salida del poder del último presidente electo y como respuesta a años de crisis acumulada, nunca contempló una eventual extensión. Se trata de un mecanismo cerrado, sin cláusulas de emergencia que permitan adaptarlo a nuevas realidades, lo que ahora obliga a los actores políticos a negociar, una vez más, un acuerdo de último minuto que contradiga los principios del pacto original.
Ese nuevo acuerdo, de concretarse, tendría que definir quién ocuparía el poder entre el 7 de febrero y el 14 de mayo de 2026, en un contexto donde las fuerzas políticas siguen divididas, el consenso es escaso y el país permanece bajo el asedio de grupos armados que controlan vastos territorios.
La fragilidad de la transición también ha sido alimentada por los constantes retrasos en la implementación de medidas claves para asegurar el éxito del proceso. El CEP, órgano técnico encargado de organizar las elecciones, ha enfrentado obstáculos logísticos, limitaciones operativas y una falta de credibilidad ante la opinión pública. La combinación de estos factores ha generado un clima de escepticismo generalizado sobre la viabilidad del proceso electoral.
La pregunta que ahora flota en el aire no es solamente si las elecciones podrán celebrarse finalmente el 1 de febrero de 2026, sino si serán aceptadas como legítimas por la población y los actores políticos. Y si, como teme una parte de la comunidad internacional, ese intento electoral también fracasa, ¿qué consecuencias tendría para un país que ya ha sufrido décadas de inestabilidad, intervenciones y regresiones democráticas?
El riesgo de que Haití enfrente un nuevo colapso no es una especulación alarmista, sino una posibilidad cada vez más tangible. El mismo diseño de la transición, al no prever mecanismos de continuidad en caso de crisis, ha sembrado las condiciones para una tormenta institucional.
La falta de un acuerdo político anticipado sobre el manejo del poder durante la brecha entre el 7 de febrero y el 14 de mayo de 2026 pone al país en ruta directa hacia un vacío de poder real, no simbólico.
En este contexto, la comunidad internacional, y especialmente los actores regionales del Caribe y América Latina, enfrentan el desafío de apoyar a Haití sin repetir los errores del pasado. La intervención externa, muchas veces marcada por paternalismo, ha mostrado límites severos. Pero también ha sido evidente que el aislamiento o la indiferencia pueden resultar aún más costosos.
Es urgente que los sectores haitianos —políticos, sociales, religiosos y comunitarios— articulen un pacto nacional que permita sortear esta etapa crítica sin desandar el camino hacia la restauración democrática.
La presión internacional podría enfocarse en facilitar ese consenso, no en imponer fórmulas externas, para evitar que el país colapse una vez más por la incapacidad de sus élites de construir una salida institucional viable.
La historia reciente de Haití ha estado marcada por transiciones fallidas, procesos electorales interrumpidos y gobiernos efímeros. La situación actual es el resultado acumulado de décadas de debilidad institucional, corrupción, violencia y aislamiento. Pero también representa una oportunidad única para corregir el rumbo.
La pregunta que se impone con fuerza es: si el 1 de febrero de 2026 tampoco se celebra la primera vuelta electoral, o si sus resultados son impugnados, ¿estará Haití preparado para resistir el remezón institucional que eso implicaría?
Lo cierto es que el país se encuentra en una cuenta regresiva. El tiempo corre, y con cada día que pasa sin definiciones claras, la posibilidad de que Haití se vea arrastrado nuevamente a un colapso total se vuelve más real.
La democracia no puede construirse sobre un calendario que nadie respeta ni sobre autoridades cuya legitimidad expira antes de que nazcan. La estabilidad de Haití exige mucho más que fechas: requiere voluntad política, liderazgo real y un compromiso firme con una salida que priorice la legitimidad sobre la conveniencia y el país sobre las ambiciones personales.
