Iglesia Católica denuncia agresiones en Cotuí y exige justicia ante enfrentamiento con Barrick Gold
Santo Domingo, 9 de enero. La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su «rotundo desacuerdo» ante las agresiones sufridas por miembros de la Iglesia Católica y comunidades de Arroyo Vuelta y otras localidades del municipio de Cotuí. Estas acciones, perpetradas durante una intervención el miércoles, fueron atribuidas a la empresa minera Barrick Gold con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana.
En el enfrentamiento, el sacerdote Johnny Durán, de la Iglesia Santo Cura de Ars en Monseñor Nouel, resultó herido en la frente mientras intentaba mediar entre las partes. Según Durán, las autoridades actuaron de manera indiscriminada: «Esto ha sido un desastre, la Policía ha venido a avasallar y atacando a la gente a dos manos», denunció mientras su frente sangraba. La Policía Nacional afirmó que la herida fue causada por una piedra lanzada por los propios comunitarios.
Además de Durán, otro sacerdote y varios residentes de las comunidades afectadas también sufrieron lesiones durante el incidente.
En un comunicado oficial, la Iglesia Católica rechazó enérgicamente las acciones que considera violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades. “Es inadmisible que el afán de lucro prime sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas en la zona”, manifestó la CED, solidarizándose con las iniciativas de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de La Vega y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente.
La Iglesia reiteró su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana, y llamó a las autoridades a investigar los hechos de manera imparcial, aplicando sanciones correspondientes a los responsables. Asimismo, instaron a fomentar el diálogo para buscar una solución justa a la situación, enfatizando que la explotación de recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ética y ambiental.
Por su parte, Barrick Gold aseguró que las operaciones de construcción de la presa de almacenamiento de relaves El Naranjo han sido obstaculizadas por un grupo de personas que realizaron bloqueos ilegales de carreteras públicas. Según la empresa, estos actos responden a intereses económicos, argumentando que las indemnizaciones exigidas por los comunitarios para las tierras y cultivos no reflejan evaluaciones independientes de precios de mercado.
Mientras tanto, los afectados han denunciado que la compañía y las autoridades han priorizado intereses económicos por encima del bienestar de las comunidades locales.
La Iglesia Católica invitó a la población a manifestar su rechazo de forma pacífica contra este tipo de prácticas y pidió a los fieles unirse en oración por la justicia y la paz en el país. «Recordamos que la explotación de los recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ambiental y ética», subrayó la CED.
