Impacto de una reforma fiscal sobre las cooperativas
Franklin Vásquez
La permanente y sostenida expansión de las cooperativas, tanto las de ahorro y crédito como las de servicios múltiples, las ha convertido en un ente atractivo para pagar impuestos.
En efecto, el volumen de negocios de las cooperativas en República Dominicana ha crecido y participan activamente en sectores como el financiero, transporte, construcción, agrícola y de consumo, al tiempo que manejan una cantidad considerable de activos, depósitos y préstamos.
Según datos de la Confederación Nacional de Cooperativas (Conacoop), el movimiento cooperativo en el país abarca alrededor de 2 millones de socios y gestiona más de 250,000 millones de pesos en activos. De la misma manera, las cooperativas generan más de 30,000 empleos directos e indirectos en todo el país, contribuyendo de esta manera a la reducción de la pobreza y la marginalidad.
En ese mismo orden, informaciones dadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), de las 2,220 cooperativas incorporadas al cierre del 2023, el 63.0% corresponde a los últimos tres años, además de que el 45.0% son de ahorro, crédito y servicios múltiples, en tanto el 29.0% es de carácter agropecuario y el restante 26.0% pertenecen a otras tipologías. Así también, se estima que el movimiento cooperativo aporta aproximadamente entre el 8.0% y el 10.0% al producto interno bruto dominicano.
Aunque las cooperativas de ahorro y crédito son las más numerosas en República Dominicana, las de servicios múltiples tienen un volumen de negocios que sobrepasa los 20 mil millones de pesos, especialmente en sectores rurales y comunidades marginadas.
Más allá de las estadísticas sobre su desempeño operativo, las cooperativas juegan un rol social en las demarcaciones en donde se crean y desarrollan, y se han constituido en una alternativa para el financiamiento de microempresarios y pequeños productores.
Adicionalmente, las cooperativas sirven para posibilitar una mayor inclusión financiera, especialmente en las zonas rurales y en comunidades con acceso limitado a servicios bancarios tradicionales.
Por demás, a las cooperativas se les atribuye un impacto social en las comunidades, pues la mayoría de estas reinvierten parte de sus beneficios en proyectos que benefician a la colectividad, y también promueven la cohesión social y el desarrollo económico local, contribuyendo a que sus miembros mejoren sus condiciones de vida.
A pesar de todos los aportes que realizan las cooperativas a la economía nacional, existe la presunción de que en la reforma fiscal que se está planteando las cooperativas serán afectadas de manera importante, lo cual podría tener efectos indeseados en el movimiento cooperativo. De hecho, si esta reforma incluyera la imposición de nuevos impuestos o el aumento de los existentes (como el Impuesto sobre la Renta o el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios -ITBIS-), las cooperativas pudieran ver reducidos sus márgenes de operación.
En ese mismo sentido, si la reforma fiscal anula beneficios fiscales de los que hoy gozan las cooperativas en el país, debido a su naturaleza social y sin fines de lucro, esto también podría verse reflejado en los costos operativos y, por vía de consecuencia, en su desempeño integral.
Roguemos a Dios, al gobierno y a los hacedores de política, que la vuelta buscando aumentar los ingresos fiscales no sea por el lado de las cooperativas.
