Implicación de Jochi Gómez en actividades de inteligencia a jueces y fiscales en el caso Camaleón

Santo Domingo, 6 de octubre – Jochi Gómez, según reveló el Ministerio Público, estaba involucrado en labores de «inteligencia y seguimiento» dirigidas a jueces y funcionarios del sistema judicial dominicano, como parte de los cargos en su contra en el caso conocido como Camaleón.

En la solicitud de medida de coerción, las autoridades detallaron que Gómez, junto con otros implicados, llevaba a cabo un monitoreo de los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informaron que durante una inspección en un vehículo Toyota Land Cruiser, color negro, propiedad de Gómez, encontraron un documento que describía a los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista. Además, hallaron un cuadro con nombres de varios jueces, abogados ayudantes, alguaciles y otros funcionarios judiciales, lo que confirmaba las actividades de seguimiento por parte de Gómez.

El arresto de Gómez se produjo cuando fue a la Procuraduría. Las autoridades ubicaron su vehículo en la calle Rafael Damirón, frente al Pabellón de las Naciones en el sector Centro de los Héroes, Distrito Nacional.

En el lugar se encontraban dos vehículos, ambos Toyota Land Cruiser, color negro, uno con placa y otro sin ella. Al ser interrogados, Pablo José Luna Sosa y Henry Felipe Casso afirmaron ser seguridad y chofer de Gómez, respectivamente.

Las autoridades registraron ambos vehículos. En el Toyota sin placa encontraron una pistola Glock 19, calibre 9 mm, y una Glock 17 del mismo calibre, junto con otras evidencias. El número de chasis del vehículo no coincidía con la placa, lo que incrementó las sospechas sobre la legalidad de los mismos. Las pistolas fueron retenidas junto con el vehículo para fines de investigación.

Junto a Gómez, también figuran en el expediente Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant); Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y otros implicados que actualmente están detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Nueva.

El Ministerio Público afirma que los acusados forman parte de una red de corrupción y crimen organizado dedicada a diversas actividades ilícitas, incluyendo desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, contrabando y sabotaje a infraestructuras críticas mediante el uso de tecnología avanzada y robo de identidad.

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