Imponen prisión domiciliaria e impedimento de salida a sacerdote imputado de abuso sexual en Santiago Rodríguez

SANTO DOMINGO, 2 octubre.– Un tribunal de Santiago Rodríguez impuso medidas de coerción contra el sacerdote católico Ancelmo Alejandro Peña Sánchez, imputado de presunto abuso sexual, consistentes en prisión domiciliaria, garantía económica de 500 mil pesos a través de una aseguradora e impedimento de salida del país.

La decisión fue adoptada por la jueza Norma Zapata, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, durante la audiencia en la que participaron los fiscales Rafael Antonio Bueno y Denis Guzmán, en representación del Ministerio Público. Asimismo, se dispusieron medidas de protección a favor de la víctima y sus familiares.

El tribunal rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, planteada por la defensa del imputado, al considerar que se trata de un hecho presuntamente continuado. La jueza explicó que debe tomarse en cuenta la fecha en que cesó la infracción, lo cual no fue establecido con precisión por la parte técnica.

El Ministerio Público había solicitado tres meses de prisión preventiva en un recinto penitenciario, pero la jueza determinó que las medidas impuestas eran suficientes en esta etapa. La fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías, reiteró el compromiso de la institución con la protección de los derechos de las víctimas y aseguró que el caso se maneja con sensibilidad y rigor.

Denuncias y proceso judicial

Peña Sánchez fue arrestado mediante orden judicial tras múltiples denuncias públicas de mujeres que aseguraron haber sido agredidas sexualmente por él desde que eran menores de edad, algunas a los 12 y 14 años, con situaciones que presuntamente se extendieron durante varios años.

Una de las víctimas formalizó su denuncia el pasado 12 de septiembre de 2025, afirmando que sufrió abusos desde los 14 años, incluso en su adultez. Según relató, conoció al sacerdote en el municipio Villa Los Almácigos, cuando este se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. De acuerdo con su testimonio, el religioso frecuentaba su hogar, se ganó la confianza de la familia y luego habría cometido los abusos mediante manipulación, intimidación y amenazas.

Investigación y evidencias

El caso fue calificado jurídicamente bajo los artículos 309-1, 330, 331, 333 (1 y 2) del Código Penal, que sancionan agresión, violación y acoso sexual, así como el artículo 396 del Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el marco de la investigación se realizaron allanamientos autorizados en propiedades del sacerdote, donde fueron incautadas fotografías de presuntas víctimas y diversos dispositivos electrónicos (DVD, teléfonos móviles y memorias), actualmente bajo análisis de las autoridades competentes.

El Ministerio Público informó que las pesquisas continúan en curso y que se siguen ampliando las investigaciones para determinar la magnitud de los hechos atribuidos al imputado.

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