Imponen prisión y otras medidas de coerción a 11 policías acusados por la muerte de cinco hombres en Santiago
SANTO DOMINGO | 15 DE OCTUBRE DE 2025. – Un tribunal de Santiago impuso este martes medidas de coerción contra los 11 agentes policiales acusados de participar en la muerte de cinco hombres durante un confuso incidente ocurrido la tarde del 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente acogió la solicitud del Ministerio Público, que había presentado pruebas y testimonios que sustentan la gravedad del caso, y declaró el proceso como de tramitación compleja.
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz dispuso prisión preventiva para cuatro de los acusados: el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, quienes cumplirán la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Los demás imputados, el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, además de cumplir con impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
El tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público para otorgar orden de protección a favor de las víctimas y los testigos del caso, a fin de garantizar su seguridad durante el desarrollo del proceso judicial.
Los 11 policías están acusados de ultimar a Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Al salir de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó el compromiso del Ministerio Público con la búsqueda de justicia en este caso.
“Desde el principio nos hemos comprometido. Ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, expresó Camacho, acompañado por la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, la fiscal Yeny Liranzo y el procurador de corte Héctor García.
Añadió que el caso representa una oportunidad para reflexionar sobre el uso de la fuerza y fortalecer los mecanismos institucionales de control. “Es importante que, como sociedad, aprendamos de estos hechos y garanticemos que situaciones como esta no se repitan”, afirmó.
La audiencia, que se prolongó por más de seis horas y tuvo dos recesos, concluyó con la lectura de la decisión judicial. Según el expediente del Ministerio Público, luego de cometer los hechos, los imputados emprendieron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación.
El documento de solicitud de coerción detalla que los agentes llegaron a la plaza en tres vehículos —dos automóviles, un Mazda y un Honda Civic, y un KIA K5 del año 2013—. Se estacionaron frente a la entrada del establecimiento y, sin mediar palabras, dispararon repetidamente contra las víctimas, de acuerdo con un testigo que logró grabar el suceso con su teléfono móvil. Sin embargo, los policías le arrebataron el dispositivo inmediatamente después de los disparos.
El expediente señala además que los acusados sustrajeron los DVR de los negocios cercanos, así como teléfonos celulares de personas presentes en el lugar, con el fin de eliminar pruebas que pudieran incriminarlos. Incluso, llamaron al propietario de un local que estaba cerrado para exigirle que les entregara el sistema de grabación, el cual tomaron y se llevaron del sitio.
Tras conocerse el incidente, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación exhaustiva a cargo del director general de Persecución, Wilson Camacho, y de la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.
El Ministerio Público calificó el caso como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario.
La investigación continúa bajo la modalidad de proceso complejo, mientras los fiscales aseguran que seguirán profundizando en la recolección de evidencias técnicas, balísticas y testimoniales para garantizar que los responsables sean juzgados conforme a la ley.
