Importadores y supermercados exigen suspender investigación por salvaguarda a las galletas por irregularidades en el proceso

Santo Domingo, 1ro Diciembre. – Las principales cadenas de supermercados e importadores del país han solicitado formalmente a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) la suspensión inmediata del proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, argumentando graves irregularidades procedimentales y una situación de indefensión jurídica que compromete el derecho a la defensa de las partes afectadas.

La solicitud fue presentada por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Supermercados Bravo, quienes manifestaron su preocupación ante lo que califican como un proceso viciado, repleto de imprecisiones y falencias que imposibilitan un análisis riguroso sobre la pertinencia de las medidas solicitadas por los fabricantes nacionales Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.

Uno de los principales reclamos de los importadores y detallistas radica en la falta de acceso al expediente completo del caso. Aseguran que, desde el inicio de la investigación, la CDC ha incumplido su obligación legal de proporcionar los documentos esenciales, incluyendo anexos con información financiera, estudios de causalidad y demás evidencias en las que se basa la petición de salvaguarda.

Según alegan, esta omisión viola disposiciones fundamentales de la Ley 1-02 sobre prácticas comerciales desleales y medidas de defensa comercial, que establece la obligatoriedad de compartir con las partes interesadas la documentación íntegra del expediente a los fines de garantizar el debido proceso.

Otro punto de preocupación señalado en la comunicación enviada por las cadenas es la falta de una definición clara del producto objeto de investigación. Denuncian que la descripción actual es excesivamente amplia, abarcando de forma indiscriminada casi todas las variedades de galletas dulces y saladas, tanto de producción industrial como masiva.

Esta amplitud, consideran, impide una evaluación técnica y objetiva de variables como volumen de importaciones, niveles de competencia o estructura de precios. A juicio de los solicitantes, esta vaguedad en la delimitación del producto afectado compromete seriamente la legalidad y precisión del proceso, y representa un vicio sustancial que debería ser corregido antes de continuar con cualquier análisis de fondo.

Asimismo, indican que el plazo límite para entregar los formularios obligatorios del procedimiento vence el 25 de noviembre. No obstante, hasta la fecha de su comunicación, no se les han entregado los documentos técnicos y financieros requeridos para completar dichos formularios. Esta situación, denuncian, bloquea por completo el derecho de los importadores y comercializadores a responder con argumentos y datos precisos, generando una inequidad procesal evidente.

En su comunicación, las cadenas de supermercados advierten además sobre las implicaciones institucionales que podría tener la continuidad de un proceso en estas condiciones.

Expresan que las fallas detectadas no solo vulneran los derechos de los actores económicos directamente involucrados, sino que también amenazan la seguridad jurídica del país y la credibilidad de los mecanismos de defensa comercial, elementos fundamentales en el marco de los compromisos internacionales suscritos por la República Dominicana.

Agregan que, de persistir estas deficiencias, el Estado dominicano podría enfrentar responsabilidad internacional por la eventual adopción de medidas con base en procedimientos jurídicamente cuestionables, lo que podría traducirse en controversias ante organismos multilaterales de solución de disputas.

En este contexto, las cadenas solicitan al Pleno de Comisionados de la CDC que suspenda de manera temporal el proceso de investigación, hasta tanto se cumplan tres condiciones fundamentales: la determinación precisa del producto objeto de análisis, la entrega completa del expediente a todas las partes interesadas, y el ajuste de los plazos procesales conforme a las circunstancias reales del caso.

Cabe destacar que la solicitud de investigación fue iniciada por las empresas locales Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao, quienes alegan un supuesto daño grave a la industria nacional causado por el aumento de las importaciones de galletas.

Como parte de la medida provisional solicitada, se contempla la posibilidad de elevar los aranceles a niveles de hasta un 87.1 %, lo que ha encendido las alarmas tanto en los sectores comerciales como en los consumidores.

Los importadores sostienen que el debate actual trasciende el análisis técnico sobre si corresponde o no aplicar una salvaguarda. La discusión, aseguran, gira en torno a la legalidad y transparencia del proceso que podría culminar con la imposición de barreras comerciales de alto impacto para el mercado y para los hogares dominicanos.

En ese sentido, cuestionan la viabilidad de tomar una decisión con fuertes repercusiones económicas y sociales sobre la base de un expediente incompleto y un procedimiento que no garantiza el equilibrio entre las partes. Reiteran que cualquier medida de este tipo debe estar debidamente fundamentada y sustentada en datos verificables, análisis rigurosos y un proceso administrativo respetuoso de los derechos establecidos por la legislación nacional y los acuerdos internacionales suscritos por el país.

Mientras tanto, la Comisión de Defensa Comercial mantiene abierto el proceso de evaluación de la solicitud de salvaguarda, en medio de un creciente escrutinio público y la presión de sectores empresariales que demandan mayor claridad y transparencia en el desarrollo del procedimiento.