Impuesto del 1 % a remesas en EE. UU. entra en vigor y genera preocupación entre migrantes

Santo Domingo, 8 de enero.— Desde el pasado 1 de enero entró oficialmente en vigor en Estados Unidos un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, mediante giros postales o cheques, una medida contenida en la denominada One Big Beautiful Bill, que ha generado inquietud entre comunidades migrantes y países receptores de estos recursos, entre ellos la República Dominicana.

La disposición establece el gravamen únicamente para envíos realizados en efectivo y por medios tradicionales, dejando exentas las transferencias digitales o bancarias. No obstante, diversos reportes internacionales advierten que el impacto puede ser significativo, debido a que una proporción importante de migrantes en Estados Unidos carece de cuentas bancarias o acceso pleno al sistema financiero formal.

En respuesta a este escenario, México anunció la creación de una tarjeta bancaria especial que permitirá a sus ciudadanos realizar transacciones de hasta 10,000 dólares mensuales, pagando una tarifa fija de 2.50 dólares por operación, con el objetivo de evitar la aplicación del impuesto y mitigar una posible reducción en el flujo de remesas.

De acuerdo con la empresa especializada en transferencias de dinero Wise, con sede en Londres, la ley podría afectar de manera directa a las personas que viven en Estados Unidos y envían dinero de forma regular al exterior utilizando efectivo, cheques o giros postales. La firma cita como ejemplos a estudiantes internacionales que remiten fondos a sus familias o a residentes no estadounidenses que pagan servicios en otros países.

Wise recuerda que la legislación atravesó múltiples modificaciones antes de fijar la tasa definitiva del 1 %. La propuesta original contemplaba un gravamen del 5 %, que luego fue reducido al 3.5 % en la Cámara de Representantes, hasta quedar finalmente en el nivel actual.

Además de México, la medida impacta a migrantes procedentes de India, Filipinas, China y de países de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana, donde las remesas constituyen un pilar fundamental de la economía nacional.

El economista del Banco Mundial, Dilip Ratha, ha señalado que Estados Unidos es el principal país emisor de remesas a nivel global, en especial hacia América Latina y el Caribe. Estos recursos, explicó, son utilizados mayormente para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y apoyo en situaciones de emergencia o catástrofes.

En su análisis “Remesas resilientes”, publicado por el Fondo Monetario Internacional, Ratha subraya que las opciones más económicas para enviar dinero son las billeteras digitales a través de teléfonos inteligentes. Sin embargo, advierte que el mercado de remesas mantiene una estructura oligopólica, con pocos proveedores que controlan amplias redes exclusivas, lo que limita la competencia y mantiene elevados los costos.

A esto se suman regulaciones estrictas destinadas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que han llevado a muchos bancos a cerrar cuentas de empresas de transferencia, en especial de startups fintech, por temor a incumplir las normativas. Estas prácticas de “reducción de riesgos” han afectado principalmente a compañías que operan en economías frágiles.

Para el caso dominicano, el Center for Global Development estimó que el país podría enfrentar una caída anual en remesas de alrededor de 234 millones de dólares, según reveló en julio pasado el economista Nassim Alemany.

En ese mismo período, el economista Luis Manuel Piantini consideró que el impuesto del 1 % debería ser absorbido parcialmente por las empresas locales de envío de dinero, con un tope, a fin de no afectar recursos que representan cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB) dominicano. Las remesas que recibe el país oscilan entre 10,000 y 11,000 millones de dólares anuales.

Piantini estimó que el gravamen es “insignificante” en términos del monto final de los envíos, comparado con los costos actuales del servicio, por lo que podría asumirse mediante una reducción de comisiones, por ejemplo del 10 % al 9 % o del 5 % al 4 %, siempre con límites establecidos.

La ley excluye expresamente del impuesto a los ciudadanos estadounidenses que envíen remesas desde entidades bancarias del país o mediante tarjetas de débito y crédito emitidas en Estados Unidos.

Por su parte, el decano de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco Cruz, afirmó que el impacto del impuesto será marginal para la República Dominicana. A su juicio, la medida afecta principalmente a inmigrantes en condición irregular.

Ciriaco Cruz explicó que, si se toma como referencia una población aproximada de 236,000 dominicanos indocumentados en Estados Unidos y un envío promedio mensual de 254.6 dólares, el impacto anual rondaría los 100 millones de dólares. En el país, recordó, cerca de 400,000 hogares —equivalentes al 11.8 % del total— reciben remesas, las cuales representan alrededor del 26 % de los ingresos de esos hogares.

La normativa contempla varias disposiciones clave. Entre ellas, establece excepciones para ciudadanos y nacionales de Estados Unidos, siempre que las remesas se realicen a través de un proveedor calificado que haya suscrito un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para verificar el estatus del remitente.

Asimismo, el impuesto debe ser cobrado por el proveedor del servicio de remesas y remitido trimestralmente al Tesoro. En caso de no recaudarlo al momento del envío, el proveedor será considerado responsable secundario del pago. La ley también crea un crédito fiscal para ciudadanos y nacionales estadounidenses equivalente al monto del impuesto pagado durante el año fiscal, el cual podrá reclamarse presentando el número de seguro social y la constancia del pago.

Finalmente, los proveedores de remesas estarán obligados a presentar informes periódicos al Servicio de Impuestos Internos, con información detallada sobre las transferencias realizadas, los impuestos cobrados y los remitentes que manifiesten su intención de solicitar el crédito fiscal.