Independientes y temas pendientes
Nassef Perdomo Cordero
Hace tres semanas me referí a la Sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, que anuló las disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que regulaban las candidaturas independientes por considerarlas excesivamente restrictivas.
Señalé entonces que era necesario que el Congreso y la Junta Central Electoral (JCE) se embarcaran en la labor de regular dichas candidaturas, tal y como lo señala la sentencia referida.
En realidad, dicha sentencia plantea retos y oportunidades. Algunos de los retos son obvios: la necesidad de que se establezcan mecanismos de supervisión necesarios para que, por falta de controles, no se conviertan en un vehículo aún mayor de todos los males que se atribuyen a los partidos políticos.
Por otro lado, es necesario revisar hasta qué punto estas candidaturas pueden ser efectivas dado que, en un sistema en el que algunos de los cargos electivos más importantes se escogen en circunscripciones plurinominales, es muy probable que los candidatos independientes nunca lleguen a superar el umbral necesario para ser electos.
Allí el problema no será el método D’Hondt, sino que en esas circunscripciones plurinominales tendrían que competir individualmente con el acumulado de quienes acudan en representación de partidos.
Pero esta sentencia también representa una gran oportunidad.
Y es que las leyes que reformaron nuestro sistema electoral, tanto la de Partidos como la de Régimen Electoral, han sido objeto de múltiples sentencias en las que el Tribunal Constitucional anula sus cláusulas o establece mandatos de interpretación distintos a los que el legislador hizo posibles.
Dado el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, esto quiere decir que en muchas circunstancias lo aplicable no es el texto legal aprobado por el Congreso, el resultado de su interpretación a la luz de las modificaciones y anulaciones que ha hecho el órgano de control de la constitucionalidad.
Así las cosas, lo mejor sería que el Congreso adapte las leyes vigentes a estas líneas jurisprudenciales y, además, tomando en cuenta también las fallas que la práctica ha puesto al descubierto.
Aunque los dominicanos hemos sabido sortear adecuadamente todas las crisis electorales de nuestra historia reciente, sería conveniente que acoplemos nuestra madurez política con herramientas institucionales adecuadas. Este es el momento de hacerlo.
El Día
