Indotel da 30 días a las telefónicas para depurar sus bases de datos y exigir cédula y foto en venta de SIM

Santo Domingo, 30 de junio de 2025 – Ante el creciente flagelo del robo y extravío de teléfonos móviles en la República Dominicana, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) decidió otorgarle un plazo de 30 días a las prestadoras de servicios telefónicos para depurar sus bases de datos y comenzar a exigir la presentación de la cédula de identidad y una fotografía al momento de adquirir una tarjeta SIM.

La medida fue anunciada por el director ejecutivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien afirmó que esta decisión responde a una necesidad urgente de enfrentar la delincuencia que ha encontrado en la telefonía móvil una herramienta clave para operar impunemente.

Según explicó Gómez Mazara, en los últimos 18 meses se han registrado en el país 54,378 teléfonos celulares robados o extraviados. De estos casos, apenas el 50% ha sido reportado por las compañías telefónicas, lo que complica aún más las labores de rastreo y recuperación por parte de las autoridades.

El promedio mensual de robos y pérdidas de celulares en el país es de 3,212 casos, lo que equivale a más de 100 dispositivos desaparecidos cada día. A esta preocupante cifra se suma la entrada mensual de unos 4,000 celulares robados en el extranjero que llegan al mercado dominicano.

Asimismo, el director del Indotel informó que unas 400,000 líneas telefónicas prepago se habilitan mensualmente en el país. Sin embargo, el 85% de estas líneas se comercializan de manera informal, lo que dificulta su trazabilidad y permite que los delincuentes operen sin dejar rastro.

La activación de llamadas mediante tarjetas SIM no registradas ha sido identificada como una herramienta esencial para el crimen organizado, que aprovecha esta vulnerabilidad para planear y ejecutar actividades ilícitas sin ser detectado.

“El robo de celulares se ha convertido en el delito de mayor crecimiento en los últimos tres meses, lo que representa una amenaza directa a la política de seguridad del gobierno”, advirtió Gómez Mazara, quien subrayó la necesidad de una acción estatal firme y coordinada para enfrentar esta problemática.

Desafíos institucionales y nuevas disposiciones

A pesar del compromiso del Indotel, existe un obstáculo legal que ha limitado su accionar. Se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2013, la cual impide al ente regulador acceder a datos personales sin autorización.

No obstante, en un esfuerzo por sortear esta restricción, el Indotel emitió recientemente una resolución que obliga a las prestadoras a «limpiar» sus bases de datos en un plazo de 30 días.

Tras este período, será obligatorio solicitar la cédula y una fotografía al comprador de cualquier tarjeta SIM, tanto en puntos oficiales como en ventas informales. El objetivo es garantizar que los datos registrados correspondan efectivamente con la identidad de quien adquiere el chip.

Gómez Mazara reconoció que, en la práctica, muchas veces las cédulas aceptadas para estas compras no coinciden con la persona que las presenta. Por ello, se exigirá una verificación rigurosa de identidad y fotografía en el acto de venta, con la meta de depurar completamente el sistema de registros falsos.

Una industria delictiva en expansión

El director ejecutivo del Indotel fue enfático al describir el robo de celulares como una verdadera industria delictiva en expansión. Insistió en que los ciudadanos deben reportar cada robo, ya que las prestadoras tienen control de los números de serie bloqueados, aunque muchos de estos aún no figuran en sus registros oficiales.

“La venta anónima de tarjetas SIM en cualquier punto del país ha dificultado enormemente la trazabilidad en las investigaciones criminales”, explicó Gómez Mazara.

Finalmente, advirtió que, de no cumplirse estas nuevas regulaciones, el Indotel trabajará en coordinación con el Ministerio Público para aplicar medidas conjuntas que permitan reducir la criminalidad.

Según reveló, esta decisión también responde a una carta enviada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien expresó su preocupación por la falta de control en la venta de celulares y las consecuencias negativas para las políticas de trazabilidad y persecución penal.

“Ha llegado el momento de que el Indotel coordine con el Ministerio Público para que robarse un teléfono en este país deje de ser un negocio rentable”, sentenció.