Inflación a la baja, pero el costo de vida sigue en aumento en República Dominicana
Santo Domingo, 14 de diciembre. Aunque los índices oficiales de inflación muestran una notable disminución, el costo de vida en la República Dominicana continúa en ascenso, afectando el poder adquisitivo de las familias.
Según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), entre 2020 y noviembre de 2024, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha aumentado un 25%, reflejando el peso acumulado que los ajustes en los precios tienen sobre los gastos diarios de los hogares.
Datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) confirman que la inflación general, que abarca todos los bienes y servicios, pasó de un 6.6% en enero de 2023 a 3.3% en noviembre de 2024.
De manera similar, la inflación subyacente, que excluye alimentos de precios volátiles, combustibles y servicios regulados como el transporte y la electricidad, disminuyó de 8.7% a 3.9% en el mismo periodo. Sin embargo, CREES advierte que este descenso en el ritmo de aumento de los precios no implica que los costos para las familias hayan dejado de crecer.
El IPC, que mide el promedio ponderado de los precios de la canasta básica, revela que los niveles de precios continúan subiendo. Para noviembre de 2024, el IPC alcanzó los 129.8 puntos, un incremento del 3.18% respecto a 2023, cuando se situaba en 125.8 puntos.
CREES señala que, aunque esta alza es menor que en años anteriores, sigue siendo significativa para los consumidores, quienes enfrentan precios más altos en bienes y servicios esenciales.
Según el análisis de CREES, esta tendencia acumulada refleja que, pese a la desaceleración inflacionaria, los hogares dominicanos no perciben una mejora tangible en su capacidad de compra. La presión sobre el presupuesto familiar persiste, especialmente en productos de la canasta básica y servicios regulados, como transporte y energía eléctrica, que tienen un impacto directo en los ingresos disponibles.
CREES concluye que, aunque la reducción de la inflación es un indicador positivo, las autoridades deben centrar sus esfuerzos en implementar políticas que ataquen las causas estructurales del encarecimiento, fomentando una mayor producción local y optimizando los costos logísticos para aliviar la carga económica que afecta a las familias.
