Informe revela crisis en cárceles dominicanas: aumento del VIH, hacinamiento y condiciones inhumanas
Santo Domingo, 13 agosto – Según el reciente informe sobre las condiciones de detención y carcelarias presentado por la Oficina Nacional de la Defensa Pública, las condiciones de vida en los centros penitenciarios de la República Dominicana continúan deteriorándose, con un alarmante incremento en el número de internos que viven con VIH.
En el último año, la cifra de personas con VIH ha aumentado de 387 a 431, lo que representa un incremento del 10%. Este aumento plantea serias preocupaciones, especialmente en lo que respecta al ingreso de trabajadoras sexuales a los penales, un tema que la Defensa Pública ha señalado como un factor crítico que requiere una revisión urgente.
El informe destaca que la hipertensión arterial es la patología más común entre los internos, afectando a 1,569 personas, seguida de la diabetes con 726 casos, enfermedades mentales con 508 y VIH con 431.
La Defensa Pública hace un llamado a la implementación de un seguimiento médico especializado para estos internos, quienes actualmente carecen de acceso adecuado a medicamentos y tratamientos esenciales para estas condiciones.
Este déficit en la atención médica agrava las ya deplorables condiciones de vida en los centros penitenciarios, donde la falta de medicamentos, equipos y personal calificado es la norma.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, insta a las autoridades a tomar medidas urgentes para abordar estas condiciones inhumanas.
Subraya que es fundamental garantizar que los derechos básicos de los privados de libertad se cumplan según los estándares internacionales de derechos humanos, y que las autoridades, incluyendo la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública y el Poder Judicial, asuman su responsabilidad en la protección de estos derechos.
Valentín Santos enfatiza la necesidad de mejorar la infraestructura penitenciaria, asegurar una atención médica adecuada y proporcionar condiciones de vida dignas para todos los internos. Estas acciones son esenciales no solo para la salud y bienestar de los internos, sino también para facilitar su rehabilitación y reinserción social.
El Informe de las Condiciones de Detención y de Prisión 2023 también subraya que el hacinamiento sigue siendo un problema crítico en los centros de privación de libertad.
Este fenómeno es especialmente grave en la cárcel de La Victoria, que alberga a 7,093 personas privadas de libertad, a pesar de tener una capacidad para solo 2,000 personas. De estos internos, 3,392 están detenidos de manera preventiva y 3,701 han sido condenados.
Las condiciones de vida en este centro son extremas, con internos e internas viviendo en espacios pequeños, sin ventilación y en condiciones insalubres. Las celdas de aislamiento son particularmente deplorables, carecen de ventilación, están húmedas y muchas de ellas están llenas de agua, lo que hace imposible que las personas allí recluidas mantengan su dignidad.
El hacinamiento en otros centros es igualmente preocupante. En Pedernales, por ejemplo, 74 internos cohabitan en una sola celda. En otros centros como Cotuí, Nagua, Monte Cristi y Azua, los internos duermen en el suelo, sin colchones, y se ven obligados a improvisar refugios con materiales como cartón y tela para protegerse de las inclemencias del clima.
Las infraestructuras en estos centros están al borde del colapso, incluso en los centros de nuevo modelo de gestión penitenciaria, como Rafey, donde el agua se filtra sobre los camarotes, empapando a los internos mientras duermen.
Estas condiciones reflejan un sistema penitenciario en crisis, donde las necesidades básicas de los internos, como la salud, la educación, el acceso a trabajos dignos y una alimentación adecuada, no se están cumpliendo.
Un aspecto particularmente preocupante que destaca el informe es el número significativo de privados de libertad que permanecen en prisión por no poder pagar garantías económicas.
En centros como el de Barahona, muchos imputados están encarcelados por no poder pagar fianzas de entre 2,000 y 3,000 pesos. Además, se reportan casos de privados de libertad que han cumplido sus penas, pero siguen en prisión debido a la falta de pago de multas, una situación que constituye una mala práctica judicial.
En Nagua, por ejemplo, varios condenados han cumplido sus penas, pero no han sido liberados porque no se ha resuelto el pago de sus multas, lo que va en contra de la norma que dispone que el condenado sea citado posteriormente para determinar cómo pagará la multa.
Ante este panorama, es imperativo que se implementen medidas para garantizar la salud, la dignidad y los derechos de los internos en los centros de privación de libertad en la República Dominicana.
La hipertensión, que afecta a 1,569 internos, la diabetes con 726 casos, las enfermedades mentales que aquejan a 508 internos y el VIH que afecta a 431 personas son solo algunos de los desafíos que requieren una intervención urgente.
La falta de atención médica adecuada, el hacinamiento extremo y las condiciones de vida inhumanas que prevalecen en estos centros son un recordatorio de la necesidad de una reforma penitenciaria integral que ponga en primer plano la dignidad y los derechos humanos de todos los privados de libertad.
