Inicia proceso judicial por tragedia en discoteca Jet Set: propietarios enfrentan cargos de homicidio involuntario

Por Manuel Jiménez

Santo Domingo, 13 de junio de 2025 – La herida que dejó el colapso del techo de la discoteca Jet Set aún está abierta en la memoria colectiva de la República Dominicana. La madrugada del 8 de abril, lo que debía ser una noche de celebración y merengue terminó en catástrofe, cuando la estructura del icónico centro de entretenimiento cedió repentinamente, sepultando a cientos de asistentes en medio de la música y el bullicio.

El saldo fue devastador: 236 muertos y más de 180 personas heridas. Hoy, más de dos meses después, la justicia comienza a abrirse paso entre el dolor y la indignación social.

Este jueves, el Ministerio Público inició formalmente el proceso judicial contra los principales responsables del establecimiento, con la detención de Antonio Espaillat, propietario del Jet Set Club, y su hermana Maribel Espaillat, administradora del lugar. Ambos acudieron de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República, tras ser citados por el director de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho.

La comparecencia se produjo alrededor de las dos de la tarde y, tras horas de interrogatorio, las autoridades informaron que los hermanos Espaillat están siendo investigados por homicidio involuntario, acusados de negligencia grave e irresponsabilidad por no intervenir a tiempo en la infraestructura del establecimiento, pese a advertencias sobre el riesgo de colapso.

Detalles de la acusación

En un comunicado oficial, el Ministerio Público destacó que los imputados “mostraron una inmensa negligencia al omitir acciones técnicas que habrían evitado la tragedia”, y reveló que también habrían intentado influenciar a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca, para que modificaran o callaran información clave. Estos empleados podrían convertirse en testigos durante el proceso judicial.

Antonio Espaillat fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al centro de detención ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecerá hasta que se celebre la audiencia de medidas de coerción en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Defensa anticipa estrategia

La defensa legal de Antonio Espaillat, encabezada por el abogado Miguel Valerio, afirmó que su cliente no representa peligro de fuga y no debería ser sometido a prisión preventiva. Valerio argumentó que Espaillat se presentó de forma voluntaria, ha cooperado con la investigación y que el proceso puede ser llevado en libertad.

«Él está aquí, no tiene intención de evadir a la justicia, y como figura pública está a la vista de todos. No hay riesgo de fuga. La investigación ya está avanzada y lo que corresponde ahora es el análisis de las pruebas», indicó Valerio.

Las declaraciones del abogado se produjeron tras aproximadamente ocho horas de interrogatorio en la sede del Ministerio Público.

Testimonios clave y hallazgos técnicos

Las acusaciones se fortalecen con nuevos testimonios, entre ellos el del empleado Gregory Adames, quien aseguró que advirtió a Antonio Espaillat sobre la inestabilidad estructural del techo antes del evento. Adames señaló que expresó su preocupación antes de la presentación del popular merenguero Rubby Pérez, sin recibir una respuesta adecuada.

El Ministerio Público accedió al teléfono móvil del empleado, donde recuperó conversaciones que sostuvieron antes de la tragedia, las cuales podrían comprometer aún más la posición de los imputados. La defensa, por su parte, se mostró lista para impugnar estas alegaciones.

«Nosotros también tenemos una versión sobre lo ocurrido y estamos preparados para presentar nuestras evidencias cuando sea necesario», expresó Valerio.

Además, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ya entregó un informe preliminar técnico, que identifica causas estructurales del derrumbe. Según el informe, problemas en la construcción original y la colocación de equipos pesados en el techo fueron factores determinantes en el colapso.

Acciones legales y responsabilidades compartidas

Hasta el momento, se han presentado al menos 68 acciones legales contra los propietarios del Jet Set, que incluyen querellas individuales y demandas colectivas. Algunas de estas también señalan responsabilidades del Estado dominicano y de la Alcaldía del Distrito Nacional, por supuestos incumplimientos en la supervisión y certificación de seguridad del local.

Las denuncias alegan que hubo omisión de deberes por parte de las autoridades municipales, lo que habría contribuido a la tragedia al permitir que el establecimiento operara a pesar de sus fallas estructurales.

Una noche que cambió el rumbo de una ciudad

El colapso del Jet Set no solo dejó víctimas físicas y psicológicas, sino que también destapó una cadena de fallas institucionales y privadas que ahora están bajo la lupa. La noche del 8 de abril de 2025 quedó marcada como una de las más trágicas en la historia reciente del país.

El caos fue absoluto: gritos de auxilio, escombros, polvo, cuerpos atrapados y una desesperada operación de rescate que se extendió por horas. En un lugar acostumbrado a noches de alegría y baile, la muerte se hizo presente en segundos.

Este jueves 12 de junio fue dada de alta médica Jennifer Tavera, la última persona que permanecía hospitalizada por las lesiones sufridas en el colapso. Tras 65 días ingresada en el hospital Salvador B. Gautier, su recuperación simboliza una pequeña victoria entre tanta pérdida.

El país sigue expectante ante el desarrollo judicial de este caso, que no solo busca justicia para las víctimas, sino también respuestas para una sociedad profundamente impactada.