Intrant rescinde contrato con Transcore Latam tras escándalo por manejo de semáforos en el Gran Santo Domingo

Santo Domingo, 19 de septiembre – El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) ha puesto fin al polémico contrato con la empresa Transcore Latam SRL, que se encargaba del manejo de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.

Este contrato, firmado en junio de 2023 por un valor de 1,317 millones de pesos, ha estado envuelto en controversias desde su inicio, debido a graves irregularidades detectadas en el proceso de licitación.

El pasado martes 17 de septiembre, el Intrant, ahora bajo la dirección de Milton Morrison, notificó a Transcore Latam y a su gerente, Pedro Padovani, sobre el inicio del procedimiento administrativo para rescindir el contrato. La notificación fue entregada mediante un acto de alguacil, otorgándole a la empresa un plazo de tres días, que vence este viernes, para presentar su defensa.

La controversia en torno a este contrato comenzó cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acuerdo el 27 de octubre del año pasado.

Posteriormente, el 21 de noviembre, la DGCP anuló el proceso de licitación que adjudicó el contrato a Transcore Latam, y el 4 de diciembre inhabilitó a la empresa de manera permanente del Registro de Proveedor del Estado, debido a irregularidades en la documentación presentada durante el proceso. A pesar de estas acciones, el contrato permanecía vigente hasta ahora, lo que llevó al Intrant a tomar medidas para su cancelación definitiva.

La situación se intensificó a finales de agosto de 2024, cuando un apagón semafórico afectó al Gran Santo Domingo los días 28, 29 y 30 de ese mes. El Intrant calificó el incidente como un «sabotaje» presuntamente orquestado por Transcore Latam, lo que aceleró la necesidad de rescindir el contrato.

Para proceder con la rescisión, el Intrant debe cumplir con las obligaciones financieras pendientes con la empresa, ya que, según declaraciones previas tanto del gerente de Transcore como del exdirector del Intrant, Hugo Beras, el proyecto se había ejecutado en un 65 %.

El proceso de cancelación contractual deberá seguir el procedimiento de liquidación estipulado por la DGCP, que exige una evaluación detallada de la ejecución contractual, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos. Según este procedimiento, la liquidación del contrato implica determinar qué partes del acuerdo han sido cumplidas y qué compromisos están aún pendientes o no ejecutados.

En su notificación, el Intrant explicó que cuando una decisión judicial o administrativa ordena la terminación de un contrato, la institución contratante debe asegurarse de que dicha decisión sea ejecutoria y no esté sujeta a suspensión por ninguna causa.

Solo entonces puede proceder a la liquidación del contrato, cumpliendo con los plazos y requisitos legales correspondientes. Una vez concluida la fase de liquidación, la institución puede decidir si es necesario realizar una nueva contratación o si ya no existe tal necesidad.

El Intrant también destacó que las decisiones de la DGCP, como órgano rector en estos casos, suelen incluir la anulación total o parcial del proceso de selección, así como otras obligaciones, como la publicación de los resultados en el Portal Transaccional. Por ello, cuando se rescinde un contrato basado en una decisión de la DGCP, es necesario notificarlo oficialmente y proporcionar la documentación correspondiente.

Transcore Latam había ganado la licitación del Intrant en junio de 2023, pero poco después surgieron denuncias de irregularidades, incluyendo la falsificación de documentos.

La DGCP inició una investigación que confirmó estas denuncias y detectó otras irregularidades tanto por parte de la empresa como de la institución. Como resultado, la DGCP recomendó que se investigara penalmente a los involucrados, un caso que fue remitido a la Procuraduría General de la República, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el curso de esa investigación. Además, la DGCP solicitó sanciones para los responsables de las irregularidades en el proceso de licitación.