Inundaciones provocadas por la Presa de Monte Grande generan preocupación entre agricultores de Azua

Santo Domingo, 30 de septiembre – La construcción de la presa de Monte Grande, una obra que tardó más de una década en completarse y que supuso una inversión cercana a los 700 millones de dólares, fue celebrada como un avance significativo para el desarrollo agrícola y la prevención de inundaciones del río Yaque del Sur.

Sin embargo, para los residentes de Hato Nuevo Cortés, en el municipio de Las Yayas de Viajama, Azua, la realidad ha sido otra. Lejos de ser un alivio, el llenado de la presa ha comenzado a inundar tierras de cultivo, afectando gravemente sus medios de vida.

El distrito municipal de Hato Nuevo Cortés, con 4,700 residentes dedicados principalmente a la agricultura, ha visto cómo la anegación generada por el llenado de la presa amenaza con destruir más de 3,000 tareas de tierra cultivable en los parajes Boca de Mula, Manzanillo y Buey.

Aunque la presa aún no ha alcanzado su capacidad máxima (actualmente se encuentra en el nivel 177 de 197 metros), las inundaciones ya han afectado los cultivos de plátano y otros productos agrícolas esenciales para la subsistencia de la comunidad.

Patricio Matos, agricultor y abogado de 56 años, relató que él y otros productores no pudieron acceder a sus parcelas debido a la inundación, perdiendo gran parte de su cosecha. «El exceso de agua ya había dañado los racimos de plátanos», lamentó Matos, quien, al igual que otros agricultores, ve la presa como la mayor amenaza que ha enfrentado este pueblo desde su fundación en el siglo XVI.

A pesar de que en 2018 los ejecutivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) les aseguraron que el agua no representaría un problema, los residentes ahora temen perder sus hogares y sus tierras.

Según Matos, el Indrhi les ha ofrecido 25,000 pesos por tarea de tierra, un precio que consideran insuficiente, ya que en esa región el valor real de una tarea oscila entre 60,000 y 80,000 pesos.

Dilania Beltré, otra agricultora afectada, ha solicitado la intervención directa del presidente Luis Abinader, invitándolo a visitar Hato Nuevo de Cortés para que vea de primera mano los daños que la presa ha causado. Los residentes, aunque no poseen grandes edificaciones, se consideran «ricos» porque producen el 80 % de los alimentos que consumen, una autosuficiencia ahora amenazada por las inundaciones.

Explicaciones del Indrhi

Ante las quejas de los productores, el Indrhi ha ofrecido explicaciones. Elvis Pallano, director de Fiscalización de la entidad, afirmó que están evaluando los expedientes de los parajes afectados y que el acuerdo con los agricultores establece que se les entregarán 30 tareas de tierra a cada uno.

Sin embargo, debido a la escasez de tierras, se les otorgarán 10 tareas acondicionadas, y se les compensarán las 20 restantes. El precio de compensación se fijará según una tabla de catastro que estipula 40 pesos por metro cuadrado de tierra cultivable y 15 pesos por metro cuadrado en la zona árida.

Por su parte, Olmedo Caba, director ejecutivo del Indrhi, aseguró que aquellos cuyos terrenos sean inundados recibirán una compensación adecuada. «Si la presa afecta sus tierras, serán recompensados», afirmó, al tiempo que indicó que algunos productores que no se verán afectados por las aguas están intentando obtener beneficios.

Caba también señaló que en ciertos casos los agricultores no han recibido pagos debido a disputas familiares relacionadas con la propiedad de las tierras. Aun así, insistió en que todas las áreas agrícolas que resulten impactadas por el incremento del nivel del agua serán evaluadas por el Indrhi.

Preocupaciones Ecológicas y Desmonte Incompleto

Otro tema de preocupación es el desmonte incompleto de la maleza en el embalse de la presa. Leonardo Mercedes, miembro de la Coalición Enriquillo, teme que los árboles que permanecen sumergidos se pudran, liberando gases que podrían contaminar el agua y dañar la fauna acuática y la ecología de la zona.

Mercedes subrayó que el desmonte de estas áreas estaba incluido en el presupuesto de la obra, pero hasta ahora solo se ha limpiado parcialmente cerca del muro de la presa.

«Están violando las reglamentaciones que deben seguirse en la construcción de una presa de almacenamiento de agua», denunció Mercedes, quien aseguró que seguirán luchando hasta que se cumplan todas las normativas y se garantice la seguridad de la comunidad y el medio ambiente.

Los residentes de Hato Nuevo Cortés, que han vivido de la agricultura durante generaciones, se encuentran en una situación crítica. Aunque se les ha sugerido que podrían cambiar su actividad a la pesca, esta opción no es vista como viable para quienes han dependido de la tierra durante toda su vida.

Mientras tanto, las autoridades del Indrhi insisten en que están trabajando para mitigar los daños y compensar adecuadamente a los afectados, pero la incertidumbre sigue reinando en esta comunidad agrícola de Azua.

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