JCE intima al PRM por actos proselitistas fuera del plazo legal: advierte sanciones
Santo Domingo, 30 de agosto de 2025. – La Junta Central Electoral (JCE) intimó formalmente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por incurrir en actos de proselitismo político antes del inicio oficial del período de campaña, en franca violación a lo establecido por las leyes electorales que regulan el sistema político de la República Dominicana.
La intimación fue entregada este viernes mediante acto de alguacil, donde el órgano electoral advierte al partido de Gobierno que múltiples miembros de su estructura han realizado declaraciones y actividades públicas con un claro contenido proselitista, las cuales han sido ampliamente difundidas a través de medios de comunicación tradicionales y redes sociales.
De acuerdo con la JCE, se trata de un «hecho manifiestamente notorio» que dirigentes y funcionarios del PRM vienen promoviendo sus aspiraciones presidenciales de manera abierta y reiterada, mucho antes de que se inicie legalmente la precampaña.
Durante los primeros ocho meses de 2025, figuras con claras aspiraciones a la candidatura presidencial del partido oficialista han incrementado sus actividades públicas, destacando logros de su gestión y apelando a su base partidaria para consolidar apoyo.
Estas acciones han incluido mítines, recorridos, entrevistas y encuentros con militantes, lo que ha sido interpretado como un uso indebido de recursos públicos y de la visibilidad que otorgan las funciones estatales, en detrimento de la equidad que debe primar entre los precandidatos de todas las organizaciones políticas.
La JCE recordó que, conforme a la normativa vigente, “durante el lapso existente entre la conclusión de un proceso electoral y el inicio del periodo de precampaña se encuentra prohibida toda promoción de precandidaturas o candidaturas orientadas a la captación de votos”. En ese intervalo, los partidos solo pueden realizar actividades de carácter institucional, siempre que no constituyan actos anticipados de campaña.
La situación ha generado preocupación tanto dentro como fuera del ámbito político, especialmente porque la advertencia de la JCE llega apenas un mes después de que el propio presidente Luis Abinader exhortara públicamente a los aspirantes del PRM a cesar toda actividad proselitista y afirmó que quien desee hacer campaña deberá dejar sus funciones en el Gobierno.
Sin embargo, hasta el momento, son al menos siete los aspirantes que ocupan cargos públicos y que han estado activamente promoviendo sus aspiraciones, mientras que otra figura de peso político mantiene una posición electiva y de liderazgo dentro del partido. A esto se suma el hecho de que varios altos funcionarios han empezado a manifestar abiertamente su simpatía por determinados precandidatos, lo que ha profundizado la percepción de una campaña interna en marcha fuera de los plazos legales.
En su documento de intimación, la JCE enfatizó su rol como garante de la equidad electoral, destacando la necesidad de preservar la igualdad de condiciones entre todos los aspirantes, tanto dentro del PRM como en las demás organizaciones políticas.
Por ello, el organismo ordenó al partido gobernante tomar medidas concretas para frenar los actos anticipados y evitar que sus dirigentes, militantes o voceros sigan realizando declaraciones o actividades que configuren promoción prematura de candidaturas.
La Junta también dispuso que el PRM deposite, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir del 29 de agosto, una constancia escrita ante la Secretaría General del organismo electoral en la que certifique que ha advertido formalmente a su militancia sobre las restricciones legales vigentes.
Esta medida busca verificar el cumplimiento de la intimación y dejar constancia documental de la diligencia institucional por parte del partido.
En caso de que el PRM no acate las disposiciones establecidas, la JCE advirtió que procederá con la aplicación inmediata de medidas cautelares y la apertura de un procedimiento administrativo sancionador electoral, conforme a lo dispuesto por las leyes 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 20-23 del Régimen Electoral, así como el Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral.
Entre las posibles sanciones se contempla desde la imposición de multas administrativas hasta la no admisión de candidaturas que violen el marco legal, lo que pondría en riesgo la participación de determinados aspirantes en los próximos comicios.
