JCE toma medidas para evitar uso de recursos estatales en campaña, aunque llegan tarde según oposición

Santo Domingo, 8 de mayo – A tan solo 13 días de las elecciones, la Junta Central Electoral (JCE) reiteró la aplicación de una serie de medidas para prevenir el uso de recursos estatales en favor de la campaña de reelección del presidente Luis Abinader y los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Estas acciones incluyen la suspensión de la publicidad gubernamental con la imagen del presidente, la entrega de bonos y pensiones, así como otros beneficios hasta después de las elecciones del 19 de mayo.

El Ministerio de Administración Pública anunció que, siguiendo el comunicado de la JCE, ha suspendido la aprobación de solicitudes de no objeción para la contratación de nuevo personal, así como el incremento y reajuste de salarios que supongan un aumento en las nóminas de las instituciones públicas.

El comunicado de la JCE también abarca prohibiciones que incluyen la ejecución de planes de apoyo social o comunitario extraordinarios por parte de instituciones públicas, el otorgamiento de bonos económicos, tarjetas y beneficios especiales, así como el otorgamiento de pensiones. Además, se prohíbe el aumento de la nómina en la administración pública y la publicidad institucional que promueva directa o indirectamente a candidaturas en competencia.

«Estas medidas buscan garantizar la equidad en la contienda electoral y asegurar que todos los candidatos puedan competir en igualdad de condiciones», afirmó el órgano electoral en un comunicado reciente.

Sin embargo, la JCE emitió estas prohibiciones solo a pocos días de las votaciones, aunque denuncias sobre el uso de bonos y pensiones como mecanismos para buscar apoyo electoral habían sido planteadas por la oposición desde principios de año.

El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, denunció el uso de bonos y otros recursos estatales en favor del PRM tras las elecciones del 18 de febrero, y lo ha reiterado en diferentes escenarios. Esta acusación también fue respaldada por los candidatos de los tres partidos mayoritarios de oposición en una comunicación conjunta el 11 de marzo.

Por su parte, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato presidencial, Abel Martínez, han señalado desde el año pasado el uso de pensiones como un mecanismo de beneficio electoral para el PRM.

A mediados de marzo, la JCE prohibió la publicidad gubernamental que incluyera la figura del presidente de la República, así como la instalación de carpas en los alrededores de los recintos electorales. Estas medidas llegaron en respuesta a las demandas de la oposición para asegurar una competencia electoral más equitativa.

Durante el transcurso de las elecciones municipales, la JCE no se pronunció sobre el debate en torno a la aplicación del párrafo seis del artículo 210, relacionado con si las inauguraciones de obras se aplican también al gobierno central.

En medio de las exigencias de la oposición, la JCE enfrenta presión para cambiar al encargado de la Policía Militar Electoral, cuyo desempeño en las elecciones municipales fue cuestionado. En respuesta, la JCE emitió un protocolo sobre cómo deben actuar los miembros de la Policía Militar Electoral en los recintos y colegios de votación el día de las elecciones.

Participación Ciudadana también ha criticado al gobierno por la publicidad excesiva en favor del partido oficialista y pidió al presidente Abinader que suspenda su encuentro semanal con los medios de comunicación denominado «LA Semanal». Esta solicitud fue rechazada por el mandatario, quien afirmó que no viola la Ley Electoral.

El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, informó que instruyó a la Dirección de Desarrollo Organizacional y Remuneraciones de esa institución para aplicar las medidas dispuestas, en cumplimiento del artículo 211 de la Constitución, los artículos 210 y 211 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y la Resolución 38-2023 de la JCE, que regula la participación de funcionarios públicos durante el periodo de campaña electoral.

La oposición ha criticado el incremento del gasto público como un presunto beneficio para el PRM, lo que ha generado tensiones adicionales a medida que se acercan las elecciones.