José Ramón Peralta, el último detenido en el Caso Calamar, denuncian arbitrariedad
Santo Domingo, 25 de octubre – En medio del caso de presunta corrupción denominado Operación Calamar, José Ramón Peralta es el único detenido tras la reciente liberación bajo fianza del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Peralta, quien ha estado en prisión en la cárcel Najayo-Hombres durante casi siete meses, insiste en que su arresto es arbitrario.
A través de sus abogados, Peralta ha demandado el cierre de su caso argumentando que se trata de un «absurdo jurídico que socava el proceso judicial».
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación recientemente modificó la prisión preventiva de Donald Guerrero, quien ahora es uno de los tres beneficiarios de la medida de coerción, que implica presentación periódica y una garantía económica de menos de cinco millones de pesos.
Los otros 16 acusados en el caso de presunta malversación, incluido el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, cumplen arresto domiciliario.
En una conferencia de prensa, los tres abogados de José Ramón Peralta argumentaron que se utilizó un interrogatorio contra el exfuncionario con la única intención de implicarlo en un expediente sin relación alguna.
«Las declaraciones proporcionadas por el informante Bolívar Ventura en diciembre de 2022, las cuales llevaron a la detención de José Ramón Peralta Fernández, son totalmente contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio ante los mismos fiscales, casi 13 meses antes», afirmaron los abogados.
Añadieron que Peralta ha permanecido en prisión preventiva durante casi siete meses sin que se haya revisado la medida de coerción, ni siquiera la revisión obligatoria que, según la ley, debe realizarse cada tres meses de forma automática o a solicitud del imputado.
Los abogados están a la espera de que la jueza de instrucción fije una fecha para la audiencia de revisión de la medida de coerción que le impuso la jueza Kenya Romero en abril pasado.
La jueza de control del caso, Patricia Padilla, administrativamente revisó la medida de Peralta sin realizar una audiencia ni citar a las partes. Posteriormente, fue reemplazada como jueza de control de la acusación del exfuncionario.
Después de la decisión de la corte de aceptar la recusación contra Padilla, la jueza Ana Lee Florimón fue designada como su sucesora.
Además de Donald Guerrero, en el caso Calamar, solo Daniel Omar Caamaño, excontralor, y el empresario Rafael Parmenio Rodríguez, tienen la medida de presentación periódica, prohibición de salida del país y una garantía económica. Caamaño tuvo que pagar una fianza de tres millones de pesos y Guerrero de cinco millones, ambos a través de una aseguradora.
Estos acusados están vinculados a una presunta red que se habría apropiado de fondos del Estado en la compra de terrenos declarados de utilidad pública, extorsiones a casas de apuestas y sobornos.
De los veinte acusados en total, entre aquellos bajo arresto domiciliario se encuentran Gonzalo Castillo, Ángel Lockwrad, Roberto Santiago Moquete Ortiz, el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
