José Raúl Mulino asume como presidente y anuncia que Panamá “no será más un país de tránsito ilegal”

CIUDAD DE PANAMÁ, 1 julio  — José Raúl Mulino asumió el lunes como presidente de Panamá para los próximos cinco años decidido a detener la incesante migración irregular por la jungla del Darién con ayuda económica y logística de Estados Unidos.

“No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas”, declaró Mulino tras juramentar al cargo en un acto en el Centro de Convenciones Atlapa sobre la bahía del Pacífico en la capital panameña ante varios líderes de la región.

Y como uno de los primeros actos de su gobierno suscribió un memorándum de entendimiento con Estados Unidos con el fin de cerrar la frontera a la migración desde Sudamérica que se dirige al país norteamericano.

Más de medio millón utilizaron el año pasado esa ruta, en su mayoría venezolanos —a los que siguieron ecuatorianos, colombianos y chinos—, y casi 200.000 lo han hecho en lo que va de 2024.

Con el acuerdo, firmado por el nuevo canciller Javier Martínez-Acha y el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas, Washington se compromete a cubrir el gasto en transporte y logística de la repatriación de los migrantes que entren ilegalmente al Darién, informó la oficina de prensa del presidente Mulino.

No se precisó cuándo arrancará esa operación ni cómo se ejecutará.

Mulino considera que ese flujo migratorio irregular, que lleva más de una década pero que se ha disparado en los últimos años, es una crisis humanitaria “intolerable” que impacta el medioambiente y la economía de Panamá y genera graves violaciones a los derechos humanos de los que migran, muchos de ellos mujeres y niños.

“Comprendo que hay razones profundas en la migración, pero cada país debe resolver sus problemas”, señaló el nuevo líder panameño. “Los panameños no me votaron para mirar hacia otro lado ante semejantes aberraciones, ni aceptar como bueno algo que está mal”.

Las autoridades colombianas afirman que el Clan del Golfo —una poderosa organización paramilitar y dedicada al narcotráfico— es la que lucra con esa migración irregular desde el lado colombiano.

“No podemos seguir financiando el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva genera al país con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales internacionales”, insistió Mulino, quien antes de asumir se reunió con su colega colombiano Gustavo Petro.

El gobernante vecino indicó, según la Presidencia panameña, que si se frena la migración venezolana el problema sería mínimo.

“Como tema clave en su agenda, Mulino ha prometido poner fin a la migración irregular por el Tapón del Darién”, indicó Michael Shifter, profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, en Washington. “El nuevo presidente parece sumamente comprometido con esta idea”.

“Sin embargo, no será fácil ejecutar esta política, se puede esperar grupos e intereses en contra”, afirmó. “Un asunto importante es el papel de Estados Unidos en tal esfuerzo”.

Abogado especializado en derecho marítimo por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Mulino se impuso en las elecciones del 5 de mayo con más del 30% de los votos impulsado por el partido Realizando Metas del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien no pudo buscar un segundo mandato debido a que fue inhabilitado por el Tribunal Electoral tras confirmarse una condena en su contra por lavado de dinero. Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua desde inicios de febrero.

Martinelli siguió la toma de posesión desde la sede diplomática, aunque su esposa e hijos sí asistieron a la ceremonia. Mulino corrió sin candidato a la vicepresidencia, un hecho inédito, por lo que esa figura política estuvo ausente en el acto de juramentación el lunes.

A Mulino le esperan otros grandes desafíos, como impulsar prontamente una solución a la crisis de agua que compromete la futura operación del canal interoceánico, aunque fue un tema que no abordó en su discurso, y culminar el cierre de una mina de cobre que generó las mayores protestas en décadas en Panamá y cuyo cese de operación a fines del año pasado, además de impactar una economía que se contraería en 2024, dejó expuesto al país a posibles demandas arbitrales cuantiosas.

Sobre la mina de la empresa canadiense First Quantum Minerals situada en una zona al norte del país, dijo que ordenará una “estricta” auditoría ambiental para conocer la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora y los posibles peligros que representa. Agregó que el plan que anunció tras ganar las elecciones de abrir para luego cerrar definitivamente “dependerá del resultado de ese estudio ambiental”.

“Tendremos que enfrentar duros retos”, admitió. “Recibimos una economía seriamente afectada. No sólo perdimos parcialmente el grado de inversión, también perdimos miles de empleos y la confianza de invertir en nuestro país”.

AP