Juez del TC expresa preocupación por penas mínimas en el nuevo Código Penal
Santo Domingo, 1 agosto. – El juez del Tribunal Constitucional (TC), José Alejandro Vargas, manifestó este jueves su inquietud respecto a varios aspectos del nuevo Código Penal que se encuentra actualmente en proceso legislativo.
A través de su cuenta en la red social X, Vargas expresó: “Del nuevo código penal, en tránsito para ser convertido en ley, me preocupa la inflación del límite inferior de la pena imponible.
Se contemplan castigos con un mínimo de 10 y hasta de 20 años para algunas infracciones, lo que reduce significativamente la facultad de los jueces para aplicar los criterios de determinación de las penas contemplados por el código procesal penal dominicano en su artículo 339”.
El magistrado advirtió que las penas mínimas contempladas en la propuesta legislativa son excesivamente altas, lo cual limita la capacidad de los jueces para individualizar las sanciones de acuerdo con la gravedad de la participación de cada acusado.
Según señaló, este enfoque podría derivar en situaciones injustas, donde personas con una participación menor en un delito reciban castigos desproporcionados.
“Podría haber casos donde una persona participe en un delito, pero de manera menos grave, y no sería justo aplicarle una pena tan severa como la que propone el nuevo código”, apuntó Vargas, subrayando la necesidad de que los legisladores examinen detenidamente ese aspecto.
El juez considera fundamental que se otorgue mayor flexibilidad a los magistrados para imponer sanciones proporcionales a las circunstancias específicas de cada hecho.
En ese sentido, sugirió que podrían presentarse escenarios en los que, pese a que una persona resulte culpable de un delito, su rol no justifique una condena tan drástica como la que contempla el nuevo marco penal.
En un llamado directo a los órganos legislativos, Vargas etiquetó en su publicación a las cuentas oficiales de la Cámara de Diputados, el Senado, así como a los presidentes de ambas cámaras, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, instándolos a revisar cuidadosamente estos elementos antes de aprobar la nueva normativa.
“No cuestiono los límites máximos de la pena imponible, pero concuerdo con que los jueces deben tener un mayor rango de movilidad al momento de determinar la pena”, concluyó Vargas, reiterando que su preocupación se centra en la equidad del sistema judicial más que en la severidad del castigo.
