Juez Federal suspende plan de excedencia para 2,200 funcionarios de USAID en EE.UU.
Washington, D.C., 9 de febrero – Un juez federal ordenó este viernes la suspensión del plan del Gobierno estadounidense de colocar en excedencia administrativa a 2,200 funcionarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), apenas unas horas antes de que la medida entrara en vigor.
Las excedencias forman parte de la estrategia de la Casa Blanca para reducir el gasto burocrático, encabezada por Elon Musk, actual director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), quien junto con el presidente Donald Trump, busca desmantelar la agencia, calificándola como una institución «corrupta» y dominada por «liberales radicales».
«No deberían poner a esas 2,200 personas en excedencia administrativa», determinó el juez de distrito Carl Nichols, quien fue nombrado por el propio Trump, durante una audiencia celebrada en Washington. Además, el magistrado está evaluando la posibilidad de revocar las excedencias ya aplicadas a otros 500 trabajadores de USAID. En última instancia, el plan del Gobierno republicano es reducir la plantilla de la agencia de 10,000 empleados a solo 294, lo que significaría prácticamente su desmantelamiento.
USAID es la mayor agencia gubernamental de cooperación del mundo y desembolsa anualmente alrededor de 44,000 millones de dólares en proyectos que incluyen ayuda humanitaria, desarrollo económico, lucha contra el tráfico de personas y asistencia en crisis globales. Millones de personas en distintos países dependen de estas iniciativas para su subsistencia.
Tanto Musk como Trump han criticado duramente a USAID, argumentando que los fondos destinados a proyectos internacionales son un «derroche de dinero» y que se debe priorizar el gasto interno. Hace dos semanas, el presidente ordenó la congelación de casi toda la ayuda exterior estadounidense, en espera de una revisión de 90 días para evaluar la validez de cada programa financiado por la agencia.
El impacto de estas decisiones se hizo evidente a principios de semana, cuando los funcionarios de USAID encontraron su página web inoperativa, junto con un mensaje en sus correos electrónicos notificándoles que las oficinas centrales en Washington estaban cerradas y que debían trabajar de manera remota. Al día siguiente, una notificación publicada en la página web de la agencia –el único contenido accesible en el sitio– les informaba que quedarían en excedencia obligatoria a partir del viernes.
Según las disposiciones del plan gubernamental, los empleados que estuvieran bajo contrato verían su vínculo rescindido, mientras que aquellos que se encuentren destinados en el extranjero serían repatriados en un mes.
La decisión del juez Nichols supone un freno a la drástica reestructuración impulsada por la administración Trump, aunque el futuro de USAID sigue siendo incierto mientras continúan los litigios y evaluaciones sobre el destino de la agencia.
