Juez homologa acuerdo con Maxy Montilla por RD$ 2,000 millones en caso Antipulpo

SANTO DOMINGO, 2 de septiembre de 2025. – El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, homologó un acuerdo de criterio de oportunidad mediante el cual el empresario Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$ 2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

La decisión, adoptada en audiencia este martes, se enmarca dentro de una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El acuerdo fue presentado por Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, quienes destacaron que esta resolución refuerza los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad, bajo la conducción de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

Indemnización y disolución de empresas

En virtud del acuerdo, Montilla deberá pagar una indemnización de RD$ 600 millones a las empresas distribuidoras de electricidad del Estado (EdeEste, EdeSur y EdeNorte), en compensación por los daños ocasionados con sus operaciones irregulares.

Además, se comprometió a disolver en un plazo de dos años las siguientes compañías: Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.; Electrocable Aluconsa, S.A.S.; NSD Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globales, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.

El acuerdo también establece el pago de RD$ 431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Asimismo, autoriza el decomiso de un inmueble de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza casi esquina Ortega y Gasset, en el Ensanche Naco, valorado en RD$ 50,901,692.13.

Representación legal

Las distribuidoras de energía estuvieron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), y asistidas legalmente por los abogados Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.

Por parte del imputado y sus empresas, la defensa técnica fue encabezada por Joaquín Antonio Zapata Martínez y Edward Veras Vargas.

Hallazgos del Ministerio Público

El Ministerio Público señaló en el expediente que Montilla Sierra, investigado dentro del proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros imputados, utilizó sus empresas como vehículo societario para obtener de manera fraudulenta contrataciones públicas en el sector eléctrico, en violación de la normativa vigente.

Según la acusación, Montilla se benefició de privilegios y acceso a información privilegiada, lo que le permitió consolidar un monopolio de proveedores en el sector eléctrico. Se le atribuye la manipulación de plazos de entrega, estafas al Estado y el pago de sobornos a funcionarios responsables de compras y contrataciones para agilizar procesos, modificar contratos y obtener ventajas indebidas.

El Ministerio Público sostiene que estos actos de corrupción impactaron de manera directa en la operatividad de las empresas distribuidoras de electricidad, ya de por sí afectadas por deficiencias estructurales.

Además, se evidenció un incremento significativo de las contrataciones adjudicadas a las empresas de Montilla, acompañado de la influencia creciente de familiares y allegados en áreas estratégicas de la administración pública.

Fundamento legal del acuerdo

El acuerdo fue impulsado bajo el amparo del artículo 370, numeral 6, del Código Procesal Penal, que permite la aplicación del criterio de oportunidad cuando el imputado colabora eficazmente con la investigación, aporta información que contribuye al esclarecimiento de los hechos o ayuda a prevenir nuevas infracciones.

El documento precisa que la acción penal que se excluye es de menor gravedad frente a los delitos más relevantes cuya reiteración se busca evitar.

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