Juez reserva fallo sobre coerción a implicados en caso SeNaSa; decisión será anunciada el domingo
SANTO DOMINGO, 13 de diciembre de 2025.– El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó el fallo sobre las medidas de coerción solicitadas contra los implicados en la supuesta red de corrupción desmantelada mediante la Operación Cobra, desarrollada por el Ministerio Público en el ámbito del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La decisión será emitida el próximo domingo a las 6:00 de la tarde.
La audiencia, que se extendió por más de 12 horas, incluyó la presentación de los argumentos del Ministerio Público, encabezado por los procuradores Wilson Camacho y Mirna Ortiz, así como la contraposición de las defensas técnicas de los acusados, quienes respondieron a los cargos formulados.
Según informó el Ministerio Público, la Operación Cobra fue ejecutada el pasado fin de semana con una serie de allanamientos simultáneos, que incluyeron la participación de más de 20 fiscales y unos 200 agentes de la Policía Nacional. El operativo está vinculado a la supuesta sustracción de recursos públicos a través de estructuras internas del SeNaSa.
Hasta el momento, el expediente incluye como imputados a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del SeNaSa durante el período 2020–2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; y Ramón Alan Speakler Mateo, quien habría laborado en la institución desde 2016.
También figuran Eduardo Read Estrella, señalado como propietario de la empresa KHERSUN S.A.; Cinty Acosta Sención, vinculada a la empresa Madison Medical S.A.; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, quien se entregó voluntariamente el pasado 8 de noviembre; y Heidi Mariela Pineda.
El Ministerio Público imputa al grupo los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
