Jueza ordena separación del proceso para exsenador Rafael Calderón por estado de salud incierto

Santo Domingo, 9 de enero de 2026 — La jueza Altagracia Ramírez, titular del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este viernes la separación del exsenador Rafael Pérez Calderón del proceso judicial seguido en su contra en el caso Calamar, debido a que su estado de salud ha sido calificado como “inestable e incierto”, conforme a un informe médico reciente.

Durante la continuación de la audiencia preliminar, y luego de un receso otorgado para que la defensa técnica del imputado depositara las acreditaciones médicas actualizadas, la magistrada concluyó que no existen condiciones físicas que le permitan al exlegislador mantenerse presente en las jornadas procesales.

De acuerdo con la jueza, se trató de una decisión necesaria para garantizar tanto el respeto al debido proceso como los derechos fundamentales del imputado y del resto de los encartados.

El diagnóstico aportado por la defensa, emitido por la Clínica Abreu con fecha del 9 de enero de 2026, contrasta con certificados médicos anteriores que sugerían reposo por un período específico de 30 días. En esta ocasión, el documento médico no fija un plazo determinado para la recuperación del exsenador, lo cual fue considerado por el tribunal como un indicio de que la situación clínica del acusado no ha mostrado mejoría previsible ni ofrece garantías de estabilidad en el corto plazo.

“La condición de salud del señor Rafael Pérez Calderón, al día de hoy, se mantiene inestable. El médico tratante no establece una fecha cierta para su recuperación, lo que impide su comparecencia efectiva ante el tribunal”, expresó la magistrada Ramírez al fundamentar su decisión.

Con base en esta valoración, y amparada en el artículo 65 del Código Procesal Penal, la jueza resolvió ordenar el desglose del expediente para el exsenador, separando formalmente su caso del resto de los acusados implicados en la presunta red de corrupción administrativa denominada Calamar. Esta medida busca evitar mayores retrasos en el desarrollo del proceso y asegurar que los demás imputados puedan ejercer su derecho a un juicio sin dilaciones indebidas.

La jueza subrayó que el tribunal debe mantener el equilibrio entre las garantías procesales de todos los involucrados. En este sentido, consideró que la continuidad del juicio con la presencia de un acusado cuya salud es incierta implicaría un riesgo de parálisis procesal y afectaría el derecho de los demás a la tutela judicial efectiva.

“El tribunal vela por el resguardo de los derechos fundamentales y la igualdad de las partes. La decisión adoptada permite que el proceso avance sin que se vulneren los principios esenciales del debido proceso ni se retrase injustificadamente el conocimiento de la causa respecto a los demás acusados”, declaró.

Tras esta resolución, el juicio preliminar continuará su curso ordinario para los demás encartados en el expediente, considerado uno de los casos de corrupción de mayor relevancia en la agenda judicial del país. La magistrada invitó a las partes presentes a proseguir con la presentación de sus respectivos alegatos y conclusiones, dando inicio a esta etapa con la intervención de la defensa técnica del imputado Daniel Guerrero.

Se recuerda que desde principios de diciembre de 2025, el desarrollo regular de la audiencia preliminar había sido afectado por las constantes solicitudes de aplazamiento motivadas en las condiciones médicas de Calderón. La situación provocó una sucesión de recesos y suspensión de audiencias, lo que llevó al tribunal a evaluar mecanismos procesales que permitieran garantizar la continuidad del juicio sin afectar los derechos de los demás acusados.

Con esta decisión, se establece un precedente sobre el manejo de procesos judiciales complejos en los que uno o varios encartados presenten condiciones clínicas que imposibiliten su participación activa y sostenida. Al mismo tiempo, se reafirma la prioridad de evitar la dilación procesal injustificada y el compromiso del Poder Judicial con la celeridad, eficiencia y equidad en los procesos de alto impacto público.

El caso Calamar involucra a múltiples exfuncionarios y allegados políticos acusados de integrar una estructura que, según el Ministerio Público, operó desde varias instituciones del Estado para sustraer fondos públicos mediante mecanismos fraudulentos durante anteriores administraciones gubernamentales. Las acusaciones abarcan delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros cargos.

A pesar de la separación procesal del exsenador Calderón, su situación legal continuará su curso por la vía independiente tan pronto las condiciones de salud así lo permitan. La jueza precisó que, una vez el imputado se encuentre en condiciones estables y pueda comparecer ante el tribunal, se dispondrá la continuación de su proceso en etapa preliminar bajo las formalidades correspondientes.

El Ministerio Público y las demás partes procesales acogieron la decisión sin objeciones, en reconocimiento de que la situación médica del exsenador constituye un impedimento real para su comparecencia actual, y que la separación del proceso representa una salida jurídica viable dentro del marco legal vigente.

En adelante, se espera que el tribunal pueda avanzar con mayor celeridad en la revisión de pruebas, presentación de conclusiones y eventuales decisiones respecto a la procedencia o no del juicio de fondo para los demás implicados. La decisión de la jueza Ramírez marca un momento clave en el desarrollo de esta causa penal, al despejar uno de los principales obstáculos que había limitado el ritmo procesal durante las últimas semanas.

Esta separación procesal no implica en modo alguno una exclusión definitiva del imputado del proceso, sino una suspensión temporal del conocimiento de su caso, en atención a criterios de humanidad, legalidad y proporcionalidad, principios que, según recordó la magistrada, deben orientar toda actuación jurisdiccional.