Jueza quita prisión domiciliaria a implicados en caso Coral: Juan Camilo de los Santos y Núñez de Aza
Santo Domingo, 16 abril – La jueza del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisell Pérez Méndez, ha retirado la prisión domiciliaria al general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Juan Camilo de los Santos Viola, y al coronel Rafael Núñez de Aza, ambos vinculados al caso Coral y Coral 5G.
La decisión se tomó durante el conocimiento de una solicitud de revisión de la medida de coerción presentada por la defensa de los implicados, los doctores Félix Humberto Portes Núñez y Wendy Lora. También se levantó el arresto domiciliario al cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán.
Para De los Santos Viola, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, se mantuvo el impedimento de salida del país, el pago de una garantía económica de un millón de pesos y la colocación de un brazalete electrónico con alcance nacional.
Por su parte, Núñez de Aza, ex encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), deberá cumplir con el impedimento de salida del país, una garantía económica de 100 millones de pesos y llevar un brazalete electrónico de amplio alcance territorial.
Respecto a Flete Guzmán, se le retiró el brazalete electrónico, pero se mantuvo el impedimento de salida del país y la obligación de pagar una garantía económica de 100 millones de pesos bajo contrato.
La defensa de De los Santos Viola solicitó la variación de la medida de coerción, proponiendo el cese del arresto domiciliario y la colocación de un grillete electrónico, mientras que la de Flete Guzmán argumentó que desde su prisión preventiva, ha dejado de percibir ingresos como cabo, afectando a su familia.
Por su parte, la defensa de Núñez de Aza señaló que su cliente ha cumplido casi 36 meses en prisión, pidiendo quitarle el grillete electrónico y el arresto domiciliario para sustituirlo por presentación periódica.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y el fiscal Jonathan Elías Pérez, solicitaron mantener la medida de coerción vigente, argumentando que no se han presentado nuevas circunstancias que justifiquen su modificación antes del inicio del juicio de fondo el próximo jueves 18 de abril.
