Jueza rechaza por “improcedente” unificar expedientes casos Coral y Coral 5G como solicitaba el MP
Santo Domingo, 5 Nov – El sexto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó la solicitud presentada por el Ministerio Público que buscaba fusionar los casos Coral y Coral 5G, aunque anoche el Director de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, había informado lo contrario.
La jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, consideró improcedente el pedimento del ministerio Público.
Rivas también adoptó la decisión tras considerar que el órgano persecutor presentó inicialmente un solo expediente acusatorio para ambos casos.
El tribunal dispuso demás, iniciar la audiencia preliminar y conocer un solo proceso en la acusación contra los 48 imputados, que tiene como principales señalados a los generales Adan Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) del expresidente Danilo Medina y Juan CarlosTorres Robiu, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) durante la era de los 8 años de exmandatario.
«Hemos depositado una acusación que tiene 3,268 páginas y más de 3,500 pruebas testimoniales», indicó Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La audiencia preliminar continuará el próximo viernes 11 de noviembre a partir de las 10:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Por el caso Coral, el mayor general Adán Cáceres, principal cabecilla de la alegada red guarda prisión en Najayo desde mayo de 2021 como medida de coerción.
De su lado, el general Juan Carlos Torres Robiou también guarda prisión preventiva desde diciembre de 2021.
A Robiou se les acusa de haber utilizado su cargo para sustraer fondos del Estado. Supuestamente, en el Cestur se nombraban policías y militares que debían devolver la mayor parte del dinero que recibían para disfrute de los miembros de la red Coral y Coral 5G.
A los encartados también se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
A este grupo de personas, la Pepca les imputa cargos por corrupción administrativa por más de RD$ 4 mil 500 millones.
