Jugar a la institucionalidad es el camino en el presente y el futuro
Por Cándido Mercedes
“… A pesar de todos sus defectos, la democracia liberal ofrecía una vía mejor. La gran ventaja de la democracia liberal es que posee mecanismos de autocorrección sólidos, que limitan los excesos del fanatismo y conservan la capacidad de reconocer nuestros errores y probar diferentes cursos de acción…”. (Yuval Noah Harari: NEXUS).
Practicar el camino firme a la institucionalidad es abrir la ventana grande en las honduras de la democracia como sistema político, como núcleo medular que coadyuva a la participación de cada uno de nosotros en la toma de decisiones. La democracia se amplifica hoy en día más allá del elemento central de una participación directa o a través de representantes en vínculos con el Estado. Trasciende este último para que las decisiones sean más amplias y horizontales.
La democracia no existe en el vacío ni puede ser un mero cascarón. Es la combinación, para hacerla más fluida, para hacerla más dinámica, entre la participación directa y la representación. A medida que la calidad de los representantes en el parlamento o en el congreso diezma en sus resultados, en su eficiencia y en la dimensión de la ausencia del capital ético y reputacional, se agrieta el desbalance de las instituciones.
Porque como dice Bruce J. Cohen en su libro Sociología, una institución “es un sistema de pautas sociales relativamente permanente y organizado, que formula ciertas conductas sancionadas y unificadas, con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades de una sociedad”. El Estado, pues, en gran medida, es un espejo fehaciente de lo que son sus instituciones. ¿Qué puede ocurrir en sociedades donde existe una medianía de la intensidad democrática?
Se produce un abismo entre el marco institucional y la institucionalidad. Un claro vaivén entre lo aspiracional y la realidad real, entre el deber ser y lo que es, un divorcio como el día y la noche, sin nada de encuentro en el ecosistema del cosmos. Instituciones e institucionalidad es el reto protagónico de los que anhelamos luchar por la democracia, definida esta, no como el juego de suma cero de intereses, sino como corpus esencial de contenido que ha de contener los principios cardinales de igualdad, de transparencia y de justicia. La institucionalidad es el grado de aplicación de las normas establecidas.
La institucionalidad es el campo no solo de aplicación de lo que existe en el cuerpo doctrinario de una institución, sino que es la médula espinal del halo de lo predecible en un conglomerado humano. Dicho de otra manera, la institucionalidad ahoga la incertidumbre y cubre el amplio margen de las decisiones. Nos pauta en el conjunto de lo establecido lo que se puede hacer y no se puede hacer; los procesos, los procedimientos y los distintos ámbitos en que podemos incurrir. Es la conformación de la guía de acción, de lo mínimo a lo mayor. Las dimensiones que aborda y que consecuencias traen cuando se desbordan sus límites, su radio de acción, sin consideraciones ni contextos.
La institucionalización es “el desarrollo de un sistema regular de normas circunscritas, status y roles que son aceptados por la sociedad. Mediante la institucionalización, la conducta espontanea e impredecible es reemplazada por conducta regulares y pronosticables”. La institucionalización nos ofrece el cuadro de acciones y decisiones que es posible realizar frente a un problema u oportunidad que se presenta.
Cuando se opera con verdadera institucionalización los distintos actores involucrados tienen sus roles específicos, que juegan en el ámbito de sus posibilidades que les generan las reglas. La institucionalización se desliza a través de la emergencia pautada en los diferentes papeles que se hilvanan en los estatutos, en las regulaciones, en los códigos. Cuando actuamos en el marco de la institucionalización, nuestro comportamiento deviene, se deriva, no en nuestra personalidad per se, en nuestra personalización, sino en función de lo establecido en la estructura organizacional que nos cobija.
Así como un buen líder, ético, que asume como misión su capital reputacional, trata siempre de ser predecible. Mientras más impredecible es una persona, un líder, más daño le hace a una organización, a una empresa, a una sociedad. Así mismo, es un país donde los funcionarios (ejecutivos, judiciales, congresistas, municipales) toman medidas que no están configuradas en las leyes, en las normas establecidas. Es la medida exacta de la erosión de la democracia, de la desafección de la democracia, del grado de inequidad que se produce y, en consecuencia, de cómo se personaliza el poder y con ello, el abuso del poder. Todo lo que se haga fuera del ámbito de lo establecido no es democrático, es autoritario, es abuso de poder. Es la encarnación de una decisión, de una acción, fuera de los mecanismos que están pautados, que lo guían, lo que se espera, en el grado de predictibilidad del marco institucional.
La institucionalización fortalece la democracia, hay una correspondencia biunívoca, una relación dialéctica, una correlación directamente proporcional. A más institucionalización más fuerte, firme es esa democracia; de igual manera, a menos institucionalización, menos democracia. Al mismo tiempo, a más institucionalización, más seguridad jurídica permea en esa sociedad y, en consecuencia, se fortalece el Estado democrático de derecho.
La gobernabilidad, en los últimos 5 años, se ha fortalecido en sus 6 indicadores y con ello, la democracia. En los estudios: Latinobarómetro y Riesgos Políticos de América Latina y el Caribe la puntuación promedio hacia la democracia es de 57 puntos; 7 puntos superiores al 2019. El marco institucional y la seguridad jurídica se han fortalecido mucho más que en las gestiones anteriores. En los poderes públicos no hay una clara hegemonía, aunque tengan mayoría los que dirigen las cosas públicas. Los órganos extra poder operan con mayor grado de profesionalidad y de autonomía. Vale decir, la cooptación y captura del Estado, sus instituciones, no obedecen, ostensiblemente, a los intereses de un partido en el poder. La agenda e intereses de las organizaciones partidarias no es la agenda de los órganos de poder axiomáticamente.
No existe claramente una corrupción institucionalizada. Esto es, la captura del estado no opera desde la más alta instancia del poder político. Por ejemplo: el Tribunal Superior Electoral evacuó la Sentencia No. TSE-0010/2025, donde reconfiguró el orden de los partidos y con ello, la asignación del financiamiento público. ¡Una respuesta institucional e institucionalizada! Sin embargo, en el 2020la Junta Central Electoral, a la luz de la Ley de Partidos, estableció el financiamiento acorde al marco normativo. No obstante, un Tribunal Superior Administrativo se abrogó funciones que no le correspondían y cambió la regla, desconociendo y obviando la existencia del Tribunal Superior Electoral.
Ahora mismo, la Operación Lobo y la investigación Camaleón (INTRANT), la de INABIE, ha sido fruto y expresión de los órganos, de las instituciones del estado llamadas a prevenir la corrupción administrativa. Ética e Integridad Gubernamental, Compras y Contrataciones Públicas desde sus ámbitos de actuación, han podido decirle a la sociedad, en búsqueda de transparencia y rendición de cuentas, auscultar, visibilizar todo aquello. Esas instituciones existían desde el 2006, empero, no funcionaban. La corrupción era, no solamente fuente de acumulación de capital, sino ojiva nuclear y central del más visceral clientelismo.
Los organismos internacionales en sus informes advierten una clara delimitación, diferenciación, en materia de institucionalidad, gobernabilidad y grado de corrupción. Hay corrupción, claro. Pero, no es objetivo ni serio cuando se trata de igualar al pasado reciente. En todos los países hay corrupción. En los países nórdicos y Canadá, según Transparencia Internacional, obtienen 85-87/100. Nosotros sacamos 36/100, por debajo del promedio general, que es 43. Sin embargo, somos de 7 países en el mundo, que en los últimos 5 años han mejorado significativamente: 7 puntos y en el ranking 24 posiciones.
Es una transición muy pesada, muy forzosa, donde el peso de la cultura democrática y de la cultura de la corrupción es pasmosa. Lo endémico, lo estructural, lo sistémico, la cultura, están ahí, lo que ha disminuido es la cultura de la violencia institucional merced a la putrefacción que concita el robo de lo público. La lucha es por visibilizar aún más los corruptos de hoy y los de ayer, aun estos últimos, para el juicio de la historia. Por eso, debemos de rechazar la proscripción de la corrupción después de 20 años, ni la exención de la responsabilidad penal y de los tribunales militares en el Siglo XXI.
En esta dimensión transicional debemos de empujar a más legitimidad del Estado, a más institucionalización. Por eso, no entendemos lo que quieren hacer con el Jardín Botánico, cuando la Constitución en su Artículo 66 define la problemática ambiental. La Ley 64-00. La Ley 202-04. La Ley 921-78. La Ley 476-76. Se supone que ningún funcionario puede, institucionalmente, vulnerar estas leyes para responder hoy a un desafío de tránsito sin explicar todas las potenciales opciones que pueden existir. Esta decisión merma la legitimidad del Estado y con ello, la democracia, pues ignora y desconoce el rol de la ciudadanía en el sistema político de la democracia. En la democracia nadie debe estar por encima de las leyes.
Por eso hoy se derrumba Estados Unidos, dejando una perplejidad, un asombro y con ello, una crisis de confianza y de incertidumbre, dado que Trump se quiere erigir por encima de las instituciones, tratando de subvertirlas. Como dicen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro La Dictadura de la Minoría, “… De hecho, en el caso de presidentes o primeros ministros que han cometido delitos graves, es fundamental que la democracia demuestre que nadie está por encima de la legalidad…”.
Debemos reformar el Estado dominicano: más horizontal con la reflexión, que como esbozaba alguien “ las leyes y las instituciones deben ir de la mano con el progreso de la mente humana”. ¡Repensar nuestra sociedad política ha de ser un imperativo categórico, donde lo institucional y la institucionalización han de ser el viento plausible de la democracia!
