Justicia dominicana llevará a juicio al exregidor Elías José Polanco Taveras por presunto tráfico de migrantes
SANTO DOMINGO, 23 sept.– El exregidor Elías José Polanco Taveras enfrentará un juicio por su presunta implicación en una red de tráfico ilícito de migrantes, según dispuso el Primer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de la provincia Duarte, en atención a una solicitud del Ministerio Público.
La jueza Isolina Peralta Contreras acogió la acusación presentada por el fiscal Arturo Vélez, al considerar que existen suficientes elementos probatorios que justifican la apertura del juicio. Las evidencias serán debatidas durante el proceso judicial, cuya fecha será anunciada próximamente por el tribunal competente.
El exfuncionario municipal, quien representó al municipio de Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal, es señalado por las autoridades como presunto violador del artículo 2 de la Ley 137-03, que tipifica y sanciona el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en la República Dominicana.
Según la investigación del Ministerio Público, Polanco Taveras habría comenzado sus actividades ilícitas en 2018, facilitando el traslado irregular de personas, en este caso afectando directamente a un ciudadano cuya identidad no ha sido revelada por razones legales.
Las pesquisas oficiales iniciaron en 2023 y concluyeron con la presentación formal de cargos que dieron paso a esta nueva fase del proceso judicial.
Contexto legal
La Ley 137-03, promulgada en agosto de 2003, fue diseñada para combatir de manera integral el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Esta legislación establece sanciones penales severas, así como mecanismos de cooperación nacional e internacional, para enfrentar redes que explotan la vulnerabilidad de personas en busca de mejores condiciones de vida.
La República Dominicana ha sido identificada en varias ocasiones como país de origen, tránsito y destino de migrantes, lo que convierte este tipo de casos en una prioridad judicial y política.
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de perseguir penalmente estos delitos, particularmente cuando involucran a exfuncionarios públicos, en defensa de la legalidad y la dignidad de las personas afectadas por estas prácticas.
