La apelación de Rosa Amalia Pilarte: Un caso inédito que desafía la justicia dominicana
Santo Domingo, 30 de mayo – La diputada Rosa Amalia Pilarte ha sido condenada a cinco años de prisión por lavado de activos contra el Estado, un fallo que se leerá oficialmente el 19 de junio. Este caso ha desatado un complejo debate jurídico sobre la jurisdicción que debería encargarse de su apelación. Juan Hirohito Reyes Cruz, exjuez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), describe este proceso como «inédito», destacando las complicaciones que surgen al término del mandato de Pilarte como diputada el 16 de agosto.
Reyes Cruz explica que, al recurrirse la decisión de la Segunda Sala Penal de la SCJ, Pilarte probablemente ya no gozará de la «jurisdicción privilegiada». Esto plantea una disyuntiva significativa sobre cuál tribunal será competente, ya que la ley no prevé explícitamente este tipo de situación. La cuestión se centra en si el Pleno de la SCJ declinará el caso a una jurisdicción ordinaria, como la Corte de Apelación, para conocer un recurso a una sentencia condenatoria de un tribunal de alzada, compuesto por jueces jerárquicamente superiores.
El exjuez señala que la situación es paradójica: «El juez natural es aquel tribunal que la ley prevé para conocer el proceso. Pero, ¿cómo puede una corte de apelación conocer un recurso de una sentencia de la Sala Penal de la SCJ? Eso sería una contradicción». El propósito del recurso de apelación es que jueces más experimentados y superiores jerárquicamente evalúen el caso. «Lo propio es que esa apelación se conozca ante la Suprema Corte de Justicia, pese a que Pilarte ya no tendrá la condición de diputada, por la naturaleza de la decisión», añade Reyes Cruz.
Un precedente similar ocurrió en el caso del exsenador Tommy Galán, implicado en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Cuando Galán perdió su senaduría, el juez de la SCJ Francisco Ortega remitió su expediente a una jurisdicción ordinaria. Sin embargo, Reyes Cruz subraya que estos casos son diferentes. El expediente de Galán fue remitido por razones de apoderamiento jurisdiccional, mientras que el caso de Pilarte corresponde a una sentencia de culpabilidad después de ser hallada culpable.
El abogado Robinson Reyes también considera que el caso de Pilarte «crea un problema para el cual no hay jurisprudencia». Señala que existe un «vacío procesal» y que permitir que una Corte de Apelación conozca una apelación de una sentencia emitida por jueces superiores sería un «precedente extraño». Reyes destaca que Pilarte podría beneficiarse si su expediente es tratado por una jurisdicción ordinaria, ya que tendría derecho a casación, derecho que perdería si su caso continúa en la SCJ.
Reyes sugiere que los abogados deberían investigar jurisprudencias internacionales para encontrar precedentes similares. Otro abogado, José Alberto Ortiz, indica que a partir del 17 de agosto «la jurisdicción privilegiada ya no puede conocer nada» de Pilarte. Ortiz añade que la Segunda Sala de la SCJ actuó como tribunal de primer grado en la acusación de lavado de activos que implicaba más de 4,000 millones de pesos, condenándola a cinco años de prisión y al decomiso de 13 bienes inmuebles.
Los abogados Ramón Emilio Núñez y Francisco García Rosa coinciden en que el órgano competente para conocer el recurso de apelación, incluso después de que Pilarte deje de ser diputada, es el Pleno de la SCJ. Núñez argumenta que la apelación «es una crítica de la sentencia, no una repetición del juicio» y, por tanto, debe ser evaluada por la alta corte. García Rosa añade que «no es posible» que la SCJ decline a una jurisdicción ordinaria, dado que Pilarte fue juzgada por ese órgano bajo la Constitución vigente.
Todos los abogados consultados concuerdan en que, si el Pleno de la SCJ conoce la apelación y ratifica la condena, esta sería irrevocable y ejecutable, incluso si Pilarte eleva una acción ante el Tribunal Constitucional (TC).
En sus cuatro años de trabajo congresual, Rosa Amalia Pilarte, condenada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, solo propuso un proyecto de ley que nunca avanzó ni fue aprobado en la Cámara Baja. El pobre desempeño legislativo de Pilarte, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), queda evidenciado en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, que registra una sola iniciativa de ley enfocada en la provincia La Vega, su demarcación.
El único proyecto presentado por Pilarte en su período de cuatro años fue la creación de un nuevo municipio en La Vega denominado Villa Cutupú. Originalmente, el proyecto buscaba convertir el distrito municipal de Río Verde en un municipio, pero tras su fracaso, Pilarte modificó la propuesta para crear una nueva localidad. Esta iniciativa, presentada en mayo de 2023, fue enviada a la comisión de Asuntos Municipales, donde nunca prosperó.
