La condena a un exdiputado destapa la influencia del narcotráfico en la política dominicana
Santo Domingo, 15 abril – La relación entre el crimen organizado y la política dominicana ha sido una constante a lo largo de varias décadas. Sin embargo, la reciente condena a 16 años de prisión del exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, quien se convierte en el primer legislador dominicano sentenciado por narcotráfico, vuelve a poner en relieve la influencia nefasta del tráfico de drogas en los círculos de poder del país, revelando episodios hasta ahora desconocidos de esta perniciosa alianza.
Cada ciclo electoral, los principales partidos políticos se han visto envueltos en acusaciones de recibir financiamiento de los cárteles del narcotráfico, lo que se traduce en una grave infiltración de esta actividad ilícita en los más altos niveles del Poder Ejecutivo.
El imputado narco César Emilio Peralta, conocido como “El Abusador”, fue grabado afirmando que en 2016 financió la campaña del expresidente Danilo Medina, quien admitió haber recibido el dinero pero negó conocer su origen proveniente del narcotráfico.
Denuncias similares se remontan a años anteriores. Figueroa Agosto, otro narcotraficante, presuntamente ayudó a financiar la campaña presidencial de Miguel Vargas Maldonado, quien negó cualquier vínculo con el criminal. Además, Quirino Paulino Castillo afirmó que entre 2002 y 2004 gastó millones de dólares en las campañas electorales del presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Fernández no respondió a estas acusaciones.
La infiltración de individuos vinculados al tráfico de drogas en las estructuras partidistas ha dejado una estela escandalosa de hechos que han sacudido los procesos democráticos del país, y han expuesto la fragilidad institucional que afecta a la democracia dominicana.
La sombra del narcotráfico sobre la clase política dominicana: casos condenados
La reciente condena del exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz por su participación en una red de narcotráfico destapa un preocupante fenómeno en la política dominicana. Sin embargo, este no es un caso aislado. A lo largo de los años, varios políticos han sido condenados por sus vínculos con el tráfico de drogas, arrojando luz sobre una problemática arraigada en las esferas del poder.
El caso de Gutiérrez Díaz, quien fue condenado por una corte federal de Estados Unidos por su papel clave en la importación de cocaína a territorio estadounidense, es solo uno de los ejemplos más recientes. Durante el período comprendido entre 2014 y 2020, se estima que la organización criminal a la que pertenecía lavó más de 6 millones de dólares provenientes del narcotráfico, utilizando cuentas bancarias a nombre de familiares y empresas pantalla. Propiedades en Miami y lujosos artículos fueron adquiridos con estas ganancias ilícitas.
Otro caso destacado es el de Jeremías Jiménez Cruz, quien, aprovechando su posición como cónsul en Jamaica y sus conexiones gubernamentales, traficaba cocaína hacia Estados Unidos. Su condena a 15 años de prisión evidencia cómo algunos políticos utilizan su influencia para actividades ilícitas.
Mingo Zacaría, aspirante a director de distrito por el PRM en San Francisco de Macorís, también fue sentenciado a 20 años de prisión por tráfico de drogas. En un operativo en julio de 2019, se le encontraron 91.43 kilogramos de cocaína en su vehículo, lo que pone de manifiesto la penetración del narcotráfico incluso en niveles locales de la política.
Bolívar Matos Féliz, regidor por el partido Fuerza Nacional Progresista, fue otro político condenado por su participación en el tráfico de drogas. A pesar de su posición municipal, fue implicado como cabecilla de una red de narcotraficantes tras el decomiso de más de 1,000 kilogramos de cocaína en 2017, recibiendo una condena de 7 años de prisión.
El caso de Pascual Aristy Novas, regidor del PRM por el municipio de Jimaní, junto con su esposa y su asistente, es otro ejemplo de corrupción ligada al narcotráfico. Fueron encontrados culpables de transportar marihuana en vehículos asignados al ayuntamiento, recibiendo condenas de 10, 8 y 6 años respectivamente.
Los extraditables y la lucha contra el narcotráfico en la política dominicana
La sombra del narcotráfico sigue extendiéndose sobre la clase política dominicana, y algunos de sus miembros enfrentan ahora la justicia internacional. En un país donde la corrupción y el crimen organizado han penetrado profundamente en las esferas del poder, los casos de políticos solicitados en extradición por Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico son una señal clara de los problemas que aquejan al sistema político y judicial del país.
Equidermio Balbuena, exdirector de la junta distrital de Las Galeras en Samaná por el PLD, fue arrestado en 2021 y solicitado en extradición por Estados Unidos por presuntamente facilitar el tráfico de estupefacientes desde República Dominicana hacia Norteamérica. Su caso es solo uno de varios que han salido a la luz en los últimos años.
En 2020, dos prominentes figuras políticas vinculadas al PRM también fueron solicitadas en extradición por Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, lo que evidencia la gravedad y la magnitud del problema.
Las autoridades dominicanas han intensificado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente dentro de las estructuras políticas y gubernamentales. Operaciones como FM y Falcón han sido golpes importantes contra estas presuntas redes criminales.
La Operación FM, iniciada en agosto de 2020, reveló una vasta trama de lavado de activos que involucró a figuras prominentes como la exdiputada Gladis Azcona y el exdirector de Migración en Santiago, Juan Isidro Pérez. Juan Gabriel Pérez Tejeda, señalado como el principal cabecilla, presuntamente movió millones de pesos producto del narcotráfico y estaba asociado a una red desmantelada en Puerto Rico.
Gladys Azcona, exviceministra de Trabajo y exdiputada por el PLD, fue una de las figuras clave en esta red, que también se vincula con otras estructuras de narcotráfico y lavado de activos, incluyendo la encabezada por Miky López y la conocida como Falcón.
Rosa Amalia Pilarte, esposa del presunto narco Micky López y legisladora de alto perfil, también fue acusada de lavar fortunas provenientes del tráfico de drogas en el escándalo FM.
Con datos de El Caribe
