La Contraloría General revela más de 200 casos de irregularidades en instituciones públicas durante 2023
Santo Domingo, 27 de marzo.— La lucha contra la corrupción en la República Dominicana ha tomado un nuevo ímpetu, según revelan informes presentados por la Contraloría General de la República al Congreso Nacional. En una meticulosa revisión realizada a lo largo del 2023, la entidad ha identificado más de 200 incidencias que apuntan a posibles irregularidades dentro de diversas instituciones gubernamentales.
Estos hallazgos, que fueron parte de una amplia labor de supervisión, han sido comunicados a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para su correspondiente investigación. Aunque los detalles específicos de las falencias no se hicieron públicos en los documentos entregados al Poder Ejecutivo, la Contraloría enfatizó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
En un esfuerzo por intensificar la detección y prevención de la corrupción, en el 2021, la Contraloría instauró una división especializada en investigación y antifraude. Esta iniciativa ha fructificado en el descubrimiento de 273 casos de posibles irregularidades, que actualmente están siendo escrutados por el Ministerio Público. Adicionalmente, se han llevado a cabo estudios de riesgo en instituciones públicas y elaborado recomendaciones preventivas, sumando un total de 15 informes de este tipo.
Como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional, la Contraloría ha realizado 103 auditorías acompañadas de sus respectivos informes, profundizando en la fiscalización de los recursos y la gestión pública.
Otro frente en el que la Contraloría ha avanzado significativamente es en la auditoría de los gobiernos municipales. La conformación de cuatro equipos especializados ha permitido realizar más de una docena de fiscalizaciones a nivel local, evidenciando el compromiso de la entidad con la vigilancia exhaustiva del manejo de los fondos públicos en todas las esferas de gobierno.
En el plano legislativo, se destaca la iniciativa de una nueva ley que otorgaría mayores facultades sancionadoras a la Contraloría frente a las irregularidades detectadas. Este proyecto de ley, que busca modificar la Ley 10-07, se encuentra actualmente en estudio por el Senado, marcando un paso adelante en el fortalecimiento del marco legal para combatir la corrupción en el país.
