La Escalada Geopolítica y Militar hacia Venezuela: la crisis energética de Estados Unidos
Por: Maribel Aponte García
Recientemente, Washington ha intensificado su presión política y militar sobre Venezuela con un argumento que ya suena familiar: el combate al narcotráfico. Con ese pretexto, unidades navales y aéreas estadounidenses patrullan el Caribe, interceptan embarcaciones y causan la muerte extrajudicial de civiles en un número creciente de operaciones. Pero detrás de la narrativa antidroga se oculta otro interés más tangible: el energético.
Venezuela no es solo un país con petróleo. Es el país con las mayores reservas probadas de crudo del planeta, unas 304 mil millones de barriles, y con vastos yacimientos de gas natural, tanto en tierra como en el mar.
Los campos de la Faja del Orinoco y los depósitos costa afuera del Esequibo, en disputa con Guayana, se han convertido en un tablero geopolítico. Empresas como ExxonMobil ya operan en la zona, y la presencia militar de EE. UU. en aguas del Caribe se ha ampliado bajo la bandera de la “seguridad regional”.
En este contexto, Rusia y China han fortalecido sus alianzas con Caracas. En octubre de 2025, Vladimir Putin ratificó el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Venezuela, que amplía la cooperación en defensa, energía e infraestructura
Pekín, por su parte, mantiene con el país sudamericano una “Asociación Estratégica a Todo Tiempo y a Toda Prueba”, una categoría reservada solo a Rusia, Pakistán y Bielorrusia. Ambos países han reiterado su oposición a toda forma de injerencia externa o amenaza del uso de la fuerza en Venezuela, subrayando que la estabilidad regional depende del respeto a la soberanía
La raíz de esta escalada no está en Caracas, sino en Washington. Estados Unidos enfrenta una crisis de suministro energético: sus reservas probadas de petróleo son de unos 46 mil millones de barriles, mientras su consumo anual ronda los 7 mil millones (https://www.eia.gov/naturalgas/crudeoilreserves/). Eso le da apenas seis años de cobertura a los niveles actuales. En gas natural, las reservas de 603 billones de pies cúbicos alcanzan para menos de veinte años, sin considerar la demanda adicional que generan los centros de datos de inteligencia artificial y la exportación de gas licuado a Europa ( https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-supply-for-ai). El país que busca liderar la transición energética digital lo hace aún sobre los mismos cimientos fósiles.
Incluso la carrera espacial gubernamental depende de estos recursos. El programa Artemis de la NASA, que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, utiliza hidrógeno líquido y oxígeno como combustibles principales para su sistema de lanzamiento. Aunque la NASA no produce directamente este hidrógeno, la mayor parte del hidrógeno líquido disponible en Estados Unidos proviene del reformado de metano —un proceso industrial basado en gas natural— según el Departamento de Energía de EE. UU.
De forma paralela, los lanzamientos militares bajo el programa National Security Space Launch utilizan queroseno refinado derivado del petróleo como propelente
Así, incluso los proyectos espaciales más avanzados del gobierno estadounidense siguen dependiendo, de manera directa o indirecta, de la base fósil que sustenta al resto de su aparato industrial y militar.
La escalada contra Venezuela no constituye un hecho aislado, sino el síntoma visible de una pugna global por el control de los recursos energéticos en un contexto de agotamiento de reservas internas en Estados Unidos y de transición hegemónica mundial. Bajo la retórica de la “seguridad regional”, se articula una política de expansión que combina coerción militar, presión económica y manipulación diplomática para forzar la apertura de territorios soberanos a intereses externos.
La tensión regional se intensificó cuando Trinidad y Tobago asumió una posición alineada con Washington, permitiendo una creciente injerencia en asuntos energéticos y marítimos bajo el argumento de “seguridad regional”. Ante esta postura, Caracas respondió suspendiendo sus acuerdos con Trinidad, incluidos los proyectos conjuntos de gas natural. La medida reflejó el rechazo venezolano a la militarización del Caribe y al uso político de la cooperación energética (https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-moves-suspend-energy-agreements-with-trinidad-including-gas-projects-2025-10-27/).
Esta dinámica no solo amenaza la estabilidad del Caribe y de América del Sur, sino que podría detonar un conflicto internacional de amplio alcance, dado el involucramiento directo de Rusia y China —socios estratégicos de Caracas— y el progresivo alineamiento de bloques energéticos en torno a los BRICS+. La historia reciente demuestra que las guerras por los recursos han sido preludio de reconfiguraciones globales profundas; hoy, el intento de imponer hegemonía energética en el hemisferio occidental reaviva el riesgo de una confrontación entre potencias en suelo latinoamericano.
En este escenario, la soberanía energética y territorial de Venezuela y de los países del Sur Global se erige como una línea roja que debe ser respetada. Ningún orden internacional sostenible puede construirse sobre el despojo o la violación de la autodeterminación de los pueblos. América Latina necesita un modelo de cooperación autónomo y multipolar, que priorice la justicia energética, la integración solidaria y la defensa de los bienes comunes frente a las lógicas de guerra por el petróleo y el gas.
Convertir el Caribe y el Atlántico Sur en campos de disputa militar sería un retroceso histórico, con consecuencias impredecibles para la paz global. Solo el respeto pleno a la soberanía y la cooperación equitativa entre naciones puede impedir que la crisis energética de unos se convierta en la tragedia geopolítica de todos.
Maribel Aponte García es Doctora en economía por la Universidad de Massachusetts en Amherst. Investigadora Afiliada, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico. Directora Proyecto Comercio Internacional, Cadenas y Geopolítica.
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