La Escuela Penitenciaria impulsa el debate sobre la Ley 113-21 y desafíos del sistema correccional

SANTO DOMINGO, 2 agosto.- Con el propósito de arrojar luz sobre los desafíos en las políticas de atención a las personas privadas de libertad en el país, la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) y las autoridades del sector desarrollaron el conversatorio “Perspectivas del sistema penitenciario y correccional dominicano en el marco de la Ley 113-21”.

“Los retos del sistema penitenciario en lo adelante son la modernización, la diversificación y el uso de nuevas tecnologías y de unidades especializadas que permitirán tener los espacios que ayudarán a la agilización de los procesos”, sostuvo durante su participación el juez y académico Juan Báez García.

Junto al magistrado Báez García, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, participaron como expositores el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio; el jurista Harold Modesto, de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, y Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Báez García comentó sobre los aciertos y desaciertos que a su juicio tiene la norma que regula el sistema penitenciario, promulgada el año pasado y que abre una nueva etapa de la reforma penitenciaria que se inició en julio de 2003, con la fundación de la ENAP. Citó como uno de los aportes la consolidación de la modalidad de Medio Libre, que permite a los privados de libertad reintegrarse de forma gradual a la sociedad, con oportunidades de trabajo en la etapa final de sus condenas y con permisos controlados para visitas a familiares.

La directora general de la entidad educativa, Gladys Sánchez Richiez, encabezó la actividad, que contó con la presencia de Hilda Patricia Lagombra y Frania Navarro, directoras de Centros de Corrección y Rehabilitación y de Medio Libre, respectivamente, de la DGSPC.

El conversatorio se enmarcó en el programa de aniversario del proceso de reforma, del que surgieron en el país los nuevos modelos de atención y tratamiento a las personas privadas de libertad, con la ENAP como soporte para la formación del personal responsable.

Al ofrecer la bienvenida a los presentes, Sánchez Richiez sostuvo que con estos actos se cierra una etapa y se inicia la del reconocimiento de la ENAP como instituto de educación superior, para lo cual solicitó el acompañamiento de manera activa en el proceso de crecimiento de esa casa de estudios.

Al agotar su turno, Harold Modesto propugnó por una mayor integración entre los centros de privación de libertad y la sociedad, con miras a tornar cada vez más efectiva esa misión de reintegrar de forma positiva a quienes han entrado en conflicto con la ley penal, aunque reconoció que “en el país hay muchos temas prioritarios en la agenda pública”.

También, desde el plano social, el diputado Rodríguez Restituyo hizo hincapié en la incidencia que ejercen las desigualdades sociales y la falta de oportunidades sobre algunas conductas delictivas, por lo que instó a poner atención a estos factores.

Para el titular de la DGSPC, Roberto Hernández Basilio, a todo el equipo directivo y al personal de la institución le corresponde llevar a cabo con la mayor calidad posible los cambios introducidos por la Ley 113-21.

Dichos cambios, coincidieron todos, deben llevarse a cabo salvaguardando los derechos de las personas que están privadas de libertad y poniendo como prioridad su preparación para su efectiva reinserción social.